Licitaciones para evitar corrupción

Las experiencias dejadas por el masismo en l4 años de desgobierno muestran la urgencia de que la institucionalidad funcione, o sea que la legalidad sea el procedimiento imprescindible de todo régimen de gobierno. Uno de los mayores yerros cometidos en l4 años fue la discrecionalidad en los negocios, a la que convocó el régimen anterior, sin cumplir reglas y normas dictadas a cabalidad para evitar el precipicio de la corrupción. Las leyes son claras y establecen que toda compra, pasada de cierto límite, debe hacérsela mediante licitación pública, que tiene fijadas sus regulaciones y formas de hacerlas, condiciones que se debe cumplir estrictamente para evitar la formación de cuadros de corrupción.

Es totalmente ilegal hacer compras directas con el pretexto de “urgencias” o decir que es “para evitar comisiones o sobreprecios”, cuando el hecho de la compra directa es simplemente debido a que existen sobreprecios, comisiones ilícitas y participaciones diferentes porque “hay que cubrir obligaciones con quienes han cooperado en agilitar la compra”. Son muchos los pretextos de quienes saben que con ello sus ingresos serán mayores y creen que nunca serán descubiertos porque “todo es legal”. Lo cierto es que el caso de las compras directas tiene muchas implicaciones: da lugar a que todo sea calificado como compra excepcional, que se necesita agilidad en los trámites, que los costos son más bajos, las licitaciones tardan mucho, que es costumbre por las facilidades que encierra. Lo cierto es que dan lugar a que los protagonistas sean más porque hay facilidad para conseguir dinero sin trámites y quienes actúan en las oficinas que autorizan las compras lo hacen para dar celeridad a todo el proceso.

Las explicaciones que se da en todo nivel parecen justas y lógicas, pero examinándolas se establece que solo lo son en apariencia, por procedimientos que “no fallan”; en cambio, se requiere cumplir con la ley y los reglamentos debidos: en primer término, es necesario publicar la respectiva convocatoria que señala condiciones y formas procedimentales, que fija calidad y cantidad de los productos o materiales o maquinarias u otros que señala la convocatoria; que deben ser presentadas a quien convoca, con intervención de la Contraloría y, además, bajo sujeción a lo que el Legislativo estudie y autorice. Todo debe estar sometido a las regulaciones u observaciones de la respectiva Comisión o Junta legal que abrirá los sobres y escogerá al proponente más conveniente y sin tacha alguna.

Las compras directas son el mejor medio para el logro de ganancias ilícitas y extraordinarias, con participación de funcionarios por los sobreprecios que son altos, más personas incorporadas al ejército de corruptos, por compromisos con los funcionarios que “dejarán pasar todo” sin interferencia alguna y, por supuesto, lo que implica lo ilegalidad: nada de impuestos y seguridad de que las puertas están abiertas para futuras acciones que podrían significar mejores utilidades. Liberar a la institucionalidad del largo encierro a que estuvo sometida fue un galardón para el nuevo gobierno; pero es preciso tener cuidado porque no conviene olvidar que el campo de la corrupción es amplio y ajeno, capaz de albergar a quien sea y podría encontrar candidatos, como en el caso de los respiradores, que tanto revuelo ha causado.