Un gobierno con “las manos atadas”

El actual gobierno que tiene en sus manos las riendas del Estado tiene características que permiten considerarlo como uno de los más originales de la historia política de Bolivia, de ahí que es preciso estudiarlo para que quede como referencia y conocimiento de futuras experiencias partidarias.

Una de las más notables de esas características es que en el seno del gobierno existe una intensa lucha subterránea por el poder, difícil de ser advertida por la opinión pública, en sus diversos sectores. Se trata de una lucha inevitable, pues no puede haber un gobierno con dos poderes, con intereses diametralmente contradictorios y, por supuesto, destinado a desaparecer más temprano que tarde.

Ese aparato es producto de una ley dictada el 20 de enero del presente año, la misma que prorrogó en sus cargos a todos los funcionarios del Estado, una vez que habían cumplido su mandato y fueron desplazados de sus cargos por un movimiento revolucionario en noviembre de 2019.

Otra característica notable es que mientras una parte del gobierno está dedicada a combatir a brazo partido contra la pandemia del virus chino, la otra parte está dedicada a combatir a su contraparte, haciéndole la vida imposible, con la finalidad de desplazarla y así hacerse cargo de todo el aparato del Estado.

En realidad, una parte del sector oficialista está casi totalmente enfrascada en la cuestión de la pandemia y no toma en cuenta, como prioridad, el aspecto político de la realidad nacional, dedicándose, por el contrario, a asuntos técnicos secundarios, por lo que sería posible que pierda soga y cabra y así ceda la cuota de poder que todavía maneja y la traspase a la otra parte.

Otro aspecto interesante de la política actual del país es que la parte ahora opositora del mismo gobierno tiene en sus manos gran parte del poder del Estado y dicta en forma sucesiva medidas de gobierno que no le competen y dirigidas a combatir y desestabilizar a la parte oficialista. Es más, gozando de un dominio ilegítimo, obliga con amenazas de muerte al Ejecutivo a promulgar lo que le parece prevalido de supuesta legalidad.

Ese estado de cosas no es reciente. Empezó a producirse desde el momento en que el Ejecutivo actual promulgó la ley de prórroga, en el mando del país, de la fracción partidaria derrocada materialmente del gobierno y, en esa forma, quedó como “dueña” de casi todo de lo que había perdido en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y las diversas dependencias del Estado.

Por tanto, en esa forma, el sector partidario restaurado impuso su prórroga en la parte del mando ejecutivo del Estado de la nación, que no le correspondía, echando, además, ojo a la parte que aún no había conseguido. Luego vino la ley de amnistía para todos los corruptos del régimen caído, con el franco objetivo de recuperar sus fueros y, finalmente, como el hambre se abre comiendo, los parcialmente restaurados aumentaron su apetito, pudiendo observarse que, para entonces, en noviembre solo cayó Evo, pues quedó el evismo.

Es más, la ofensiva opositora en el seno mismo del gobierno dictó una cadena de proyectos de ley y hasta los aprobó por su cuenta, como convocar a elecciones por su cuenta y riesgo, paralizar créditos internacionales por 1.700 millones de dólares destinados a luchar contra la pandemia, cortar las manos a las Fuerzas Armadas con la ley contra el Estado de sitio, o de excepción, para que no sean obstáculo durante un asalto al poder y así no cumplan las órdenes que pueda dar el Poder Ejecutivo,

Así, además de otros absurdos, el país se encuentra equilibrando en un hilo y al borde del abismo, a no ser que una mano piadosa se compadezca de su suerte y decida poner fin a un terror sin fin con el fin del terror.