Sindicato de medio afín al MAS denuncia despidos ilegales

El sindicato del periódico La Razón denunció que la noche del miércoles, 97 de sus afiliados fueron despedidos y que no les pagarán los desahucios previstos por ley. Otras decenas de funcionarios aceptaron renunciar en los últimos meses, ante el retraso en el pago de sueldos y un maltrato laboral general.

De acuerdo con un pronunciamiento del Sindicato de ese medio escrito, la empresa comunicó a los trabajadores que sus contratos no podían ya ser considerados laborales sino civiles y adujeron estar protegidos por fallos del Tribunal Constitucional para echar a los empleados sin necesidad de pago de desahucio. La empresa ha llamado a la acción como una “desvinculación”, no despido.

La representante del sindicato de La Razón, Guadalupe Tapia, inició reuniones con otros delegados para establecer una defensa legal sobre esta situación. La semana anterior, Tapia fue agredida por la dirección cuando al pie de su columna, donde denunciaba el maltrato al que eran sometidos por la gerencia, fue calificada como calumniadora.

MAS - MEDIA

Desde su llegada al poder, en enero de 2006, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) vivió un cerco mediático implacable. Los canales de televisión, sobre todo los cruceños, las radioemisoras más importantes y casi todos los impresos formaron una barrera protectora a fin de impedir los cambios prometidos por Evo Morales.

Varios estudios demuestran (2008) la beligerancia de los medios privados en el período 2006-2008, en lo que podría caracterizarse como un cinturón de protección de las élites tradicionales contra los cambios constitucionales en marcha.

Una indagación precisa del Observatorio Nacional de Medios (Onadem) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluía en 2007 que, con una sola excepción, la abrumadora mayoría de los 15 impresos investigados en el país prácticamente militaba en las filas de la oposición. No cabe duda de que el MAS se abrió paso a pesar de la bullanguera resistencia de periodistas, empresarios mediáticos y opinadores.

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Consolidado un orden político favorable tras la aprobación, vía referéndum, de la nueva Constitución, el MAS se dispuso a crear sus propios “MAS-media”.

La piedra inaugural del lucrativo aparato comunicacional ya había sido colocada en enero de 2009, por el caraqueño de nacimiento, Carlos Gill Ramírez, quien adquirió de manos del grupo español Prisa las acciones del periódico La Razón, El Extra y, aparentemente, también las de la red ATB.

Para la compra de los tres medios, este hombre, que posee nacionalidad española y fue criado en Asunción del Paraguay, usó como paraguas una empresa con sede en Barcelona denominada “Akaishi Investements”. De ese modo, lo que en su momento fueron las principales empresas de la familia Garafulic pasaron a convertirse en los mascarones de proa de un nuevo imperio mediático al servicio de Evo Morales y su partido.

Las conexiones de Gill Ramírez con el gobierno anterior están plenamente confesadas. Representa en La Paz a la firma austriaca Doppelmayr, que obtuvo del erario público y sin licitación, más de 700 millones de dólares por edificar el sistema de transporte por cable de la sede de gobierno. Todo ese dinero salió de las bóvedas del Banco Central de Bolivia o de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Gill construyó todas las estaciones del teleférico y es el rey de los escasos ferrocarriles bolivianos que transportan soya y otros bienes transables hacia los puertos más cercanos.

¿Puede creerse que amasando tantos negocios vinculados con el Estado, alguien puede permitir que sus medios tomen siquiera distancia del que le firma los cheques?.

Para ganar justamente cercanía, en octubre de 2009, Gill designa al periodista Edwin Herrera como director de su nuevo diario paceño. Antes de desprenderse de sus acciones en ATB, el para entonces misterioso empresario coloca al mando del canal a Jaime Iturri, convertido hoy en el primer millonario del MAS con residencia en Buenos Aires. Iturri tardaría solo diez años en transformarse en el accionista mayoritario de la red. Todo un logro “socialista” si consideramos que era uno de sus trabajadores. Para abrazar esa fortuna, Iturri tuvo que haber “ahorrado” cuando menos 33 mil dólares mensuales durante una década.

En 2010, en una conversación pública, lamentablemente no grabada, en el salón de actos de la Fundación Friedrich Ebert en el barrio paceño de Obrajes, Iván Canelas, el inminente primer ministro de Comunicación del gobierno del MAS (la cartera estaba en trámite de creación), confesó a varios amigos que Gill les pidió nombres para cubrir las plazas ejecutivas de sus medios. Entonces, claro, el gobierno sugirió a sus amigos. ¿Mera solidaridad con un inversionista?

Herrera e Iturri compartían un rasgo en común. Ambos eran periodistas edilicios, es decir, cumplían tareas en la exitosa administración de Juan del Granado, en ese momento firme aliado del MAS. En 2009, los nombres de las cabezas ejecutivas de ATB y La Razón habían salido de los cenáculos internos del gobierno. Como recompensa, los negocios para Gill no tardarían en fluir. El principal de todos fue la asignación de publicidad estatal, que Iván Canelas y sus sucesores (Amanda Dávila, Marianela Paco, Gisela López e Iván Canelas) se encargarían de franquear generosamente a los MAS-media.

¿Fue Hugo Chávez Frías el gobernante que hizo el contacto entre su compatriota Gill y el régimen boliviano? La conexión más clara está en el Metro-cable de Caracas, sistema de transporte montado por Doppelmayr en Venezuela, que Chávez recomendó enfáticamente a Evo Morales. Gill estaba ahí en medio. Al respecto, este asegura que nunca fue chavista y que uno de sus enemigos más enfáticos hoy es Diosdado Cabello, el número dos del estado bolivariano (entrevista con Carlos Valverde, 2019). También afirma que “El Nacional” de Caracas, de su propiedad, es un diario de oposición (no se imprime desde 2018). Tales afirmaciones contradicen variados informes que colocan a Gill y a su hermano como banqueros de la llamada “Boli-burguesía”. Es probable que hayan dejado de serlo. Lo evidente que dado el desastre generalizado de la economía venezolana, Gill ha perdido el interés en ella. Mercados como el de la República Dominicana o Paraguay le resultan ahora más atractivos.

Regresando a nuestro recuento en Bolivia, es llamativo cómo la ruptura del acuerdo entre los Sin Miedo (el partido de Del Granado) y el MAS calza temporalmente a la perfección con la salida de Edwin Herrera de la dirección del diario: marzo de 2010.

Mientras Iturri juraba lealtad a García Linera, el “gerente de Bolivia” como lo bautizó Gill el año pasado en una entrevista con Carlos Valverde, Herrera opta por hacer carrera política con la nueva oposición. Continúa haciéndolo hasta ahora en las filas de Sol.bo.

Al periodista Raúl Peñaranda, Herrera le dijo que renunció a la dirección de La Razón porque los accionistas le pidieron que incline la línea del diario a favor del gobierno del MAS. La exigencia le pareció inaceptable. Mabel Franco ocupó su escritorio por unos meses esperando el relevo. Gonzalo Serrate, hijo del fallecido dirigente movimientista, que fuera ministro de Banzer, actuaba como enlace entre el empresario ausente y los periodistas.

Con la renuncia de Herrera, Gill había sufrido una baja. Lo suyo, como extranjero, nunca fue meter sus narices en la batalla editorial diaria. Después de una negociación fallida de García Linera con el periodista Gustavo Guzmán, quien había sido el primer y único embajador de Evo en Washington, el nombramiento recayó en Claudia Benavente.

A Peñaranda, Guzmán le confirmó que fue el Vicepresidente quien personalmente le ofreció dirigir el diario y que, de inmediato, él recomendó dos contrataciones para conducir la redacción. Fue el propio Evo Morales quien habría vetado uno de los nombres (el de Roger Cortez). En ese momento, Guzmán prefirió no asumir el cargo. Comprendía que de ahí en adelante todas sus decisiones pasarían por el Palacio.

Benavente no tuvo reparo alguno. Ella y García Linera son amigos desde cuando este estaba preso (1992-1997). Esa cercanía la llevó a dirigir la revista “Barataria”, creada en 2004 por Walter Chávez, el exasesor de campaña del MAS entre 2002 y 2019.

BENAVENTE

En diez años como directora de La Razón, Benavente la inclinó a favor del MAS desde el primer día. El indicio inaugural fue que cuando asumió el mando, La Razón fue el único diario en La Paz que se rehusó a publicar su portada en blanco en protesta por la promulgación de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Aquella acción de protesta había sido decidida por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que congrega a los propietarios de periódicos de Bolivia.

Con el paso de los meses, el equipo de columnistas de La Razón fue mudando de color. La metamorfosis fue gradual. Primero fue despedido el periodista Humberto Vacaflor, quien había sido contratado por los anteriores ejecutivos para escribir editoriales. A su salida, el censurado encendió las alarmas: “un venezolano ha comprado el diario”.

Luego, varios impulsores de ideas liberales empezaron a migrar a un nuevo periódico lanzado en abril de 2010: Página Siete. Garafulic regresaba al ruedo y se perfilaba ya como principal competidor del diario de Gill.

Antes muchos columnistas fueron incitados a dejar La Razón con diversos motivos.

Cuando el rumor del alineamiento gubernamental de La Razón se iba confirmando al compás de los volúmenes de publicidad estatal en sus páginas, el año 2014 trajo un incidente jurídico muy peculiar. En plena euforia alrededor de la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Ricardo Aguilar Agramont publicó el 13 de abril de 2014 un artículo en el diario, en el que exponía algunos detalles sobre cómo había sido armada la estrategia jurídica nacional. Héctor Arce, procurador general del Estado, reaccionó desproporcionadamente ante los datos y calificó el texto como obra del espionaje. Exigió que Aguilar revele su fuente. La Razón estaba siendo acusada de tener un acceso privilegiado a la información oficial y se le recriminaba por publicarla. Un atropello, más si se considera que se optó por la vía penal y no por la ruta marcada por la Ley de Imprenta.

El 4 de junio de 2014, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) acompañó a los periodistas del diario en su protesta callejera contra Arce. Su desánimo era elocuente a pesar de que los autorizaron a marchar ante las puertas del Palacio. Aunque los gremios se solidarizaron con el periódico, era muy claro que no se trataba de un enfrentamiento a fondo, sino de una escaramuza que pronto devino en disuelta. “Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico pro chileno, hay dos periódicos pro chilenos (Página Siete y La Razón). Los abogados verán qué acciones van a tomar”, advirtió Evo Morales al comentar el caso. ¿Fue aquella una cortina de humo para darle a La Razón un halo de rebeldía anti oficial? No hay manera de tener certeza, lo cierto es que uno de los MAS-media más destacado sufría acoso judicial gubernamental, hecho inédito hasta ese momento.

ROSSELL

Quizás pensando en el horizonte del “Evo for ever”, Benavente designó en 2016 a su ex cuñado Pablo Rossell como gerente del diario. Ya había perdido el miedo a las críticas. Rossell era un oficialista de larga data. Fue parte del Banco de Desarrollo Productivo, asesor de la vicepresidencia y del ministro Walter Delgadillo. Después de una gestión conflictiva en el periódico que concluyó en 2018, Rossell reapareció en 2019 como vocero del programa de gobierno de la fórmula masista. Ahí, la pantomima cedió terreno al cinismo y el aparato quedó a la intemperie.

En este largo trayecto, Carlos Gill, el verdadero ganador en esta historia, no sufrió, por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles. ENFE es la única empresa que tras sufrir la capitalización durante el gobierno de Sánchez de Lozada, se mantuvo como empresa privada en los 14 años de Evo. Todas las demás entidades como Entel, Ende o YPFB regresaron a manos del Estado.

RENUNCIA DE

EVO MORALES

Tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, el sistema MAS-media está herido de muerte. La sola cancelación del flujo de publicidad estatal ha puesto a varias empresas en el borde de la quiebra. PAT, canal obtenido, según varios testimonios de las víctimas, mediante una extorsión desde el gobierno, tiene dueños fantasmas. Compartió orientaciones emanadas desde la gerencia de ATB, a cargo de Marcelo Hurtado, probable testaferro de Gill. Abya Yala está siendo manejada por los trabajadores, porque sus ejecutivos han desaparecido.

Por otro lado, mientras los periódicos independientes de alcance nacional sufrían por la asfixia económica propiciada por el gobierno de Evo Morales, por no alinearse con su régimen de improvisación y despilfarro, un reducido grupo de medios impresos se beneficiaba con millonarios ingresos por concepto de publicidad estatal. Uno de ellos es La Razón que recibió Bs 12 millones en tres años (2017- 2020), según informe del exMinisterio de Comunicación del actual Gobierno.

En mayo pasado, la entonces ministra de Comunicación, Isabel Fernández, reveló que en el caso de los medios impresos que recibieron publicidad gubernamental, estas selecciones respondían más a la afinidad política e ideológica del periódico en cuestión, que al alcance o influencia que estos medios puedan tener en la sociedad. (LA H Parlante y EL DIARIO)