Anuncian proceso contra juez que liberó a exministros del MAS

El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció este viernes que iniciará un proceso penal por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución al juez Alan Zárate, quien este viernes otorgó detención domiciliaria para la exministra Nemesia Achacollo. La misma autoridad jurisdiccional liberó al exministro de Gobierno, Carlos Romero, el pasado 18 de junio.

Melgar explicó que la decisión fue asumida debido a que la resolución que determinó el juez no se encontraba en la petición que planteó la defensa de Achacollo.

“Estamos iniciando un proceso penal en contra de Alan Zarate, juez Primero de Instrucción en lo Penal en materia Anticorrupción, debido a que este señor en horas de la mañana habría decidido otorgarle la cesación a la detención preventiva a la señora Nemesia Achacollo, de manera totalmente ilegal”, denunció.

Explicó que Achacollo presentó un memorial pidiendo cesación a la detención preventiva, solicitud que se basa a la cesación basada en el Artículo 239, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, donde se establece que sólo presentarían nuevos elementos para desvirtuar los fundamentos de la detención preventiva.

Sin en embargo, cuando se instaló la audiencia, la defensa de Achacollo introdujo un nuevo elemento referido al plazo de la detención preventiva, elemento que no se encontraba en la solicitud.

“Lo que correspondía era que el juez no de curso a ese nuevo elemento toda vez que las partes no habían sido notificadas, es decir, que ellas fueron a la audiencia a tratar de desvirtuar el fundamento único de la señora Nemesia Achacollo; pero, el juez en su decisión no fundamenta la cesación a la detención preventiva en base a nuevos elementos”, indicó.

En similar criterio, el director departamental de la Procuraduría General del Estado, Fabio Jofre, indicó que la consigna del juez Zárate es la de liberar a todos los que están ligados en casos de corrupción, siendo que él fue quien también otorgó detención domiciliaria al exministro de Gobierno, Carlos Romero, bajo el mismo argumento, de que el plazo de la detención preventiva había concluido.

DETENCIÓN

DOMICILIARIA

En audiencia virtual realizada esta mañana, el juez Alan Zárate determinó que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, salga de la cárcel de Miraflores y cumpla detención domiciliaria, con una fianza de 200 mil bolivianos.

El jefe del Departamento Jurídico del actual Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Leonardo Gonzales, indicó que Achacollo deberá cumplir la detención domiciliaria en Montero.

Achacollo había retornado a la cárcel de Miraflores desde diciembre del año pasado, sin embargo, ya pasó el tiempo fijado de seis meses para la investigación, por lo cual se determinó la cesación a la detención preventiva.

Fue el segundo periodo de Achacollo en la cárcel. Antes estuvo privada de su libertad entre 2016 y 2017 por el mismo caso, empero por haber incumplido la misma retornó a presión en diciembre pasado.

RETARDACIÓN

El exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael Quispe, en contacto con EL DIARIO, lamentó que el Ministerio Público demore más de cinco años en acusar formalmente a Achacollo y se inicie el juicio, demora que estaría favoreciendo a la exautoridad.

“Si yo hubiera seguido como director del FDI, Achacollo no salía de la cárcel. El Ministerio Público, durante cinco años no ha presentado la acusación formal, nosotros hemos dado todos los elementos. Me sorprende que la Procuraduría, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el FDI y el Viceministerio de Transparencia no hayan podido hacer nada, algo anda mal”, refirió.

Asimismo lamentó que desde enero a la fecha no se haya tomado la declaración del exministro de Economía Luis Arce, quien - en su criterio – tiene mucha responsabilidad al haber ordenado el depósito de montos cuantiosos a cuentas particulares.

“Nosotros hemos presentado elementos de prueba contra Luis Arce, y en enero, él ha pedido 10 días para revisar la denuncia y prestar su

declaración informativa, pero hasta ahora no lo han vuelto a convocar

y no declaró. Yo como director del FDI comprobé que no se puede mover ni diez centavos sin la autorización del Ministerio de Economía, por eso aquí hay dos responsables, Nemesia Achacollo y Luis Arce”, apuntó.

El caso del Fondo de Desarrollo Indígena registra un daño económico al Estado de 170.000.000 de dólares y es parte de la lista de los 60 casos que quedaron paralizados en sus investigaciones debido a la suspensión de actividades judiciales del Órgano Judicial.