Unicef plantea trabajo conjunto ante desafíos de educación

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) plantea a Bolivia realizar un trabajo conjunto para enfrentar los desafíos que genera la educación durante la pandemia por el coronavirus Covid-19.

"El organismo internacional considera que esta situación de crisis debe tornarse en una oportunidad para que el Estado Plurinacional lidere a todos los actores involucrados en el proceso educativo (públicos, privados y de cooperación)", indica la información institucional.

Unicef identifica seis desafíos para garantizar el acceso y la continuidad de estudios de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos, la atención de la primera infancia; formas innovadoras y tradicionales; alianzas con la sociedad civil y el sector privado; herramientas y capacitación; formación permanente de educadores y recursos adecuados.

El organismo internacional detalla que la familia es clave para apoyar la continuidad del aprendizaje de los niños que estén en la etapa de la primera infancia.

"La evaluación realizada por el Ministerio de Salud (2019) sobre el desarrollo infantil temprano en 6 municipios del país en 2019, identificó que los niños y niñas presentaron mayor rezago en las áreas cognitiva y de comunicación y lenguaje. Por ello, uno de los desafíos es lograr que las familias se involucren cada vez más en apoyar el juego, la interacción y exploración que requieren las niñas y niños para su desarrollo, socialización y aprendizaje en esta etapa de su vida", detalla.

Según la publicación del 'Journal of Pediatrics', el impacto de la pandemia afectaría el desarrollo de los niños pequeños.

Unicef advierte que "si el logro educativo y aprendizaje en los primeros años es reducido, esto tendrá una repercusión negativa en los años posteriores".

Naciones Unidas propone fortalecer las formas innovadoras y tradicionales de educación, porque los niños y adolescentes "necesitan acceder a varias modalidades educativas alternativas para continuar su aprendizaje y educación".

Advierte que mientras más tiempo pasa sin tener clases presenciales se incrementa la probabilidad de abandono de los estudios.

Reseña que, según una encuesta de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic, 2018), solo un 42% de la población cuenta con una computadora y un 10% con internet fijo en el área urbana; mientras que en poblaciones rurales, donde solo el 18% cuenta con una computadora y el 3% cuenta con internet fijo.

Aclara que la conexión a internet no garantiza el acceso y la calidad de la educación, porque un sondeo de opinión de la plataforma U-Report de Unicef, revela que cuatro de cada diez adolescentes o jóvenes señalan no estar recibiendo clases por ninguna plataforma de internet y de los que reciben clases virtuales, 93,2% señalan que no están aprendiendo "nada", "casi nada" o "más o menos".

En esa línea, Unicef propone al Gobierno gestionar alianzas con la sociedad civil y sector privado "a fin de hacer uso de medios de comunicación masivos como el internet, la radio y la televisión", para llegar con propuestas educativas a la mayor cantidad de ese segmento de la población, que carece de equipamiento o acceso a internet.

Esa propuesta surge debido a que la encuesta de Agetic (2018) evidencia que el 95% de la población tiene acceso a televisión y un 82% a la radio, "lo cual muestra el potencial educativo de estos medios", reportó ABI.

Asimismo, establece que herramientas y capacitación garantizarán la calidad educativa, una vez establecidos los mecanismos de accesibilidad.

Advierte que los maestros deben ser capacitados con herramientas y metodologías para enseñar bajo esas nuevas circunstancias y recibir lineamientos claros de cómo aplicar esos conocimientos con las y los estudiantes de manera efectiva e inclusiva

En ese marco, establece que es importante trabajar con los maestros y maestras en procesos de formación continua, para ayudarles a adaptar su práctica pedagógica a las nuevas circunstancias de la emergencia por la pandemia.

Unicef ratifica su compromiso con el Estado boliviano para apoyar la identificación de respuestas integrales, intersectoriales e interinstitucionales a fin de garantizar el derecho a la educación, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Estado.