Gobierno argentino debe expulsar a Evo Morales

Tras la imputación al expresidente Evo Morales por los presuntos delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, el Gobierno argentino debe expulsar al exmandatario, en cumplimientos a normas y tratados internacionales, manifestaron abogados consultados por EL DIARIO.

El abogado Eduardo León refirió que de acuerdo a convenios y tratados internacionales, el delito de terrorismo no tiene inmunidad ni es objeto de asilo o refugio, calidad en la que se encontraría Evo Morales desde diciembre de 2019 en Argentina.

“Si Evo Morales es expulsado de la Argentina por este hecho, solamente tendría dos opciones o Cuba o Venezuela, donde podrían resguardarlo ilegalmente porque todos los países que están adheridos a este tipo de tratados, son los que de ninguna manera pueden tener en su país a personas que están siendo procesadas por el delito de terrorismo”, explicó.

El jurista aclaró que Evo Morales, a través de su abogado, quería inducir a que se lo impute por sedición, empero este es un delito político que automáticamente activan el refugio y asilo.

NORMAS

El abogado constitucionalista y exfiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, aseguró que la calidad de imputado de Evo Morales tendrá consecuencias no solamente para él, sino también para el gobierno argentino ya que el 6 de marzo de 2002 firmó un Convenio Contra el Terrorismo, donde estipula que ningún Estado puede brindar refugio o asilo a un “terrorista”.

“Al ser imputado por el delito de terrorismo, el gobierno argentino ni Evo Morales, podrán decir que este es un delito político porque el artículo 11 de la Convención Interamericana de Lucha Contra el Terrorismo dice que para los propósitos de extradición, asistencia jurídica y para detención de los terroristas no se considerará el delito de terrorismo como delito político”, refirió.

Asimismo, explicó que el artículo 12 de Convención Interamericana Contra el Terrorismo señala: “Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención”. Con esto está claro que “no podrá ser refugiado un terrorista”, aclaró.

Asimismo, refirió que el artículo 13 de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo señala que no se podrá otorgar asilo a personas vinculadas a casos de investigación sobre temas de terrorismo.

“En el convenio se habla de todas las conductas delictivas que se encuentran en el Código Penal Boliviano respecto al terrorismo y que la Corte Interamericana lo plasmó como suya. El segundo delito por el que le imputaron, financiamiento al terrorismo, también se encuentra dentro del convenio aprobado por las Naciones Unidas el 9 de diciembre 1999. Los dos delitos de Evo Morales se encuentran dentro de los tratados y convenios internacionales contra el terrorismo en el mundo, ratificadas en América Latina, también firmada por Argentina y Bolivia, además de otros países”, aclaró.

En ese marco, dijo que Evo Morales no tendrá mucha capacidad de movimiento, ya que no podrá pisar un aeropuerto internacional, siendo que la Interpol está en la obligación de capturarlo en cuanto tenga conocimiento de que Evo Morales se encuentra en un área internacional.

“Si Interpol decidiera detenerlo podría estar detenido en una cárcel argentina mientras Bolivia realiza el trámite de extradición, para que vaya a una cárcel boliviana luego de un proceso”, advirtió.

“NO LO EXPULSARÁN”

El abogado constitucionalista Jorge Santistévan manifestó que si bien Argentina debe expulsar al expresidente, no lo harán porque le dieron asilo político, al considerar que protegen a un perseguido por el “Gobierno defacto, que le dio golpe de Estado”.

“Evo Morales fue recibido en esa situación y le dieron ese estatus de asilado político, por tanto, toda acción que venga de la justicia a través del gobierno boliviano será considerada como persecución política, aún sea una medida dictada por la justicia”, advirtió.

“Hay muchas medidas que se pueden adoptar si el gobierno argentino se niega a su expulsión. La comunidad internacional puede censurar hasta sancionar al gobierno argentino, todo depende del manejo diplomático que haga Bolivia ante la comunidad internacional”, apuntó.

Por otro lado, recordó que el gobierno argentino tiene la misma tendencia ideológica que Evo Morales, por lo que para ellos es un deber protegerse mutuamente.

“Tanto el gobierno argentino como Evo Morales tendrán apoyo desde México, Cuba, Nicaragua y principalmente España. No obstante el proceso debe continuar en ausencia pero con presencia del abogado defensor hasta el dictamen de una sentencia; entonces de ser culpable por los delitos que se le imputó; llegado el momento y luego de superar el distanciamiento político entre ambos gobiernos, podría ser extraditado para cumplir su sentencia. Mientras tanto la comunidad internacional puede ejercer presión de distintas formas, siempre que el gobierno boliviano active una diplomacia agresiva inteligente y eficaz ante la comunidad internacional”, aseguró.

PRUEBA

Los juristas coincidieron en que existe suficientes pruebas, pericias y testimonios que sustentan la imputación que realizó el Ministerio Público contra Morales y con facilidad en tres meses esto se convierte en una acusación penal, cuya sanción es entre 15 a 20 años de cárcel.

El abogado León aseguró que al ser parte querellante está dispuesto a contribuir para que el proceso continúe.

“Si es necesario contribuir con el pago de los edictos que se deben publicar en los medios de comunicación lo haremos”, dijo.

Asimismo, Soliz aseguró estar dispuesto a ir a la Argentina para notificar con la imputación formal a Evo Morales, si es que el Ministerio Público lo requiere.

El 6 de julio, la comisión de fiscales a cargo de la investigación emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente Evo Morales Ayma por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo por presuntamente haber coordinado con el dirigente cocalero Faustino Yucra mediante llamada telefónica, el bloqueo de alimentos y cerco a las ciudades capitales durante los conflictos de noviembre del 2019.

La Comisión explicó que de acuerdo al reporte de triangulación de llamadas a las líneas telefónicas de ambos imputados, realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más, entre el 12 y 17 de noviembre de 2019.