Consecuencias del “métale nomás”

En el Art. 2, inciso C, de la Ley 1.178 de Administración y Control Gubernamentales, más conocida como Ley Safco, de 20 de julio de 1990, quedaron claramente establecidas las funciones de la Contraloría General del Estado, como el sistema de control gubernamental, integrado a su vez, por los controles interno y externo posterior.

Es suficientemente conocido que el régimen del Movimiento Al Socialismo, en sus catorce años de gobierno discrecional, se ha caracterizado por el total incumplimiento de esta norma de Control de la Gestión Pública, bajo la consabida sentencia de su jefazo: “Yo le meto nomás, y que los abogados resuelvan, pues para eso han estudiado”. Bajo esa temeraria premisa se inició una campaña de adjudicaciones por vía de excepción y en forma directa, sin que esa entidad pública haya ejercido el suficiente control sobre las mencionadas transacciones y, mucho menos, el debido control interno ejercido por las Unidades de Auditoría, porque sus informes eran y son evaluados por la Contraloría; a los que se les impuso una serie de artificios que solo lograron que dichos informes estén sujetos a permanentes maniobras de distracción y entorpecimiento deliberado, perdiendo de esta forma su fiel cumplimiento y verdadero objetivo.

Al fragor de esa anecdótica, como risible sentencia presidencial, y a la luz de la actuación de funcionarios obsecuentes, recién podemos comprender la razón de los nombramientos que otrora recayeron en personas ajenas a la labor de dicha entidad pública nacional que, se supone, debiera estar a cargo de auditores profesionales. Por esa razón, creemos que las funciones de control externo de la Contraloría General del Estado brillaron y brillan por su ausencia, difiriendo diametralmente de la propaganda dirigida que nos muestra la televisión nacional.

Qué mejor ejemplo que el del próximo proceso electoral, al que asistiremos sabiendo que desde el año 2005 a la fecha, los bolivianos dentro y fuera del país acudimos a las urnas en diez oportunidades distintas a votar; por elecciones generales, subnacionales, judiciales, constituyentes, revocatorios y referendos, por lo que el Tesoro General de la Nación erogó más de 120.000.000 de dólares, para ese jolgorio electoralista de una casi década y media de autocracia masista, sin cumplir con los objetivos señalados y, por el contrario, con los desastrosos resultados que todavía estamos pagando.

En conclusión, de solo haber cumplido a cabalidad la Contraloría General del Estado las tareas encomendadas a su autoridad, otra sería la historia de nuestra Patria, después de que los irresponsables dilapidaron más de 300 mil millones de dólares en todo ese tiempo aciago que les tocó gobernar.

El único consuelo que podríamos obtener para justificar semejante latrocinio, es que hayamos amortizado la “famosa deuda social” que, como rescate, nos exigieron los bandidos, por los 500 años transcurridos desde Colón, hasta la fecha. Para esto debemos responder: “Que la paguen los masistas, para eso se han especializado”. En fin, consecuencias del “métale nomás”.