Ante violencia infantil
Estas sugerencias para el endurecimiento de los castigos para los que ejerzan violencia en contra de menores, buscan reducir las alarmantes tasas de violencia hacia este sector vulnerable de la sociedad, según la diputada Yesenia Yarhui
Por los últimos hechos de violencia en contra de niños, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Yesenia Yarhui Albino, pidió a las presidencias de diputados y de senadores la urgente creación de una comisión para la reestructuración del sistema penal. Argumentó que no se debe permitir que las muertes de menores se conviertan en simples cifras de la violencia.
La legisladora pidió que los presidentes de las cámaras agilicen la conformación de estas comisiones para que se traten posibles modificaciones en las normativas del sistema penal para que se castigue de forma más dura a los que ejercen violencia en contra de niños. Lamentó que en la actualidad las muertes y violaciones de niños se tomen solamente como cifras frías de la violencia en el país.
“No vamos a permitir que los niños asesinados, las niñas abusadas sexualmente, pasen a ser una cifra más en el Estado boliviano, estamos pidiendo que se trabajen tres ejes fundamentales relacionados al incremento de penas, castración y cadena perpetua” sostuvo la parlamentaria representante del departamento de Chuquisaca.
Estas sugerencias para el endurecimiento de los castigos para los que ejerzan violencia en contra de menores, buscan reducir las alarmantes tasas de violencia hacia este sector vulnerable de la sociedad.
Yarhui lamentó que estos temas no sean tratados de la misma forma y premura con la que se tratan cuestiones políticas en base a intereses electoralistas por parte de la clase política del país.
Planteó que las bancadas mayoritarias del parlamento presten atención a este pedido y conformen esta comisión con la misma premura con la que se crearon comisiones para investigar hechos como los ocurridos en Senkata, o la compra de gases lacrimógenos e investigaciones en empresas estatales, se dé prioridad al endurecimiento de penas para quienes atentan contra la seguridad y la vida de menores.