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91 reos dieron positivo a Covid - 19
> Gobierno solicita a distritos judiciales agilizar aplicación del Decreto de Amnistía e Indulto. El 64,33 % de las 18.208 personas privadas de libertad estimadas a diciembre de 2019 no cuentan con una condena, generando que el país ocupe el cuarto lugar regional y el 21vo a nivel mundial en materia de población privada preventivamente de libertad
Tras conocerse que a nivel nacional 91 privados de libertad dieron positivo al Covid – 19 y otros 99 se encuentran aislados por presentar síntomas, el Instituto de Terapia e Investigación (Itei) y la Fundación Construir denunciaron que la atención médica es precaria y en La Paz no cuentan con el apoyo del Servicio Departamental de Salud.
El Itei denunció además que algunos de los fallecidos en el penal de San Pedro de La Paz no fueron evacuados inmediatamente bajo protocolos de bioseguridad, aspecto que puso a los mismos familiares desesperados e impotentes viendo la situación de sus seres queridos.
“Como ejemplo se conoce que el 7 de julio fallece el señor Segundino Pari, por problemas respiratorios dejándolo en su celda que comparte con su hijo por casi ocho horas. Este interno se encontraba en detención preventiva”, se lee en la denuncia.
Aseguran que otro ejemplo dramático fue el caso de Oscar Gumercindo Chambi, de quien se conoció de su estado grave de salud por su esposa quien denunció que el mismo se encontraba en una sala común, con fiebre alta, dolor intenso en la garganta y cuerpo, pero no había sido atendido por el médico ni obtenido la medicación necesaria para su dolencia.
La última persona que falleció en San Pedro con síntomas fue el interno Franklin Sandi de 79 años de edad que fue evacuado del penal en estado grave el 7 de julio, falleciendo al día siguiente.
“Si bien las organizaciones internacionales han informado a todos los países sobre los peligros del Covid-19 en las cárceles por el hacinamiento, recomendando varias medidas urgentes que muchos países asumieron inmediatamente, descongestionando su población penitenciaria, las acciones del Estado boliviano han sido deficientes. El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, modificado y aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no ha tenido el efecto deseado por sus amplias limitaciones y trámite burocrático, amplificado con un sistema de justicia con demasiadas carencias operativas y re-lentizado por las medidas asumidas por la pandemia” (sic), se lee en otra parte de la denuncia.
AGILIZACIÓN
DE TRÁMITES
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, solicitó ayer al Órgano Judicial, agilizar la aplicación del Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto, para descongestionar los centros penitenciarios de todo el país.
“Exigir al Órgano Judicial humanidad un poco más de responsabilidad, el Gobierno ha puesto en marcha el Decreto de Amnistía e Indulto, pero está avanzando lentamente (…) esperamos que el descongestionamiento carcelario sea un trabajo más eficaz, la ejecución penal nos ayude a poder aliviar de alguna forma, pero lastimosamente hay distritos judiciales donde todavía los jueces no trabajan”, afirmó.
La autoridad de Gobierno manifestó que paradójicamente los distritos judiciales donde aún no trabajan, curiosamente realizan algunas audiencias para liberar corruptos vinculados a hechos de malos manejos del Estado y “no les da la gana de instalar audiencias para liberar a privados de libertad, que en varios casos han superado la detención preventiva o el tiempo de la sanción”, indicó.
COVID - 19
El director nacional del Régimen Penitenciario, Clemente Silva, informó ayer que 91 privados de libertad de seis centros penitenciarios de Bolivia tienen Covid - 19, todos los casos positivos se encuentran estables. Tarija, Pando y Potosí se encuentran sin contagios.
La autoridad aclaró que se estableció medidas preventivas de seguridad, estableciendo espacios de aislamiento en los recintos carcelarios, además de dotar insumos de bioseguridad, personal médico y medicamentos, para la atención inmediata de los pacientes.
Asimismo, dijo que se inició la desinfección de los centros penitenciarios en todas las dependencias del país.
DATOS
Los penales del país tienen una sobrepoblación del 269 % y la mayoría de los privados de libertad se encuentran detenidos preventivamente o condenados por delitos que no se encuentran en las previsiones del indulto y la amnistía decretados.
La causa principal del hacinamiento está en el uso desmedido que la justicia hace de la detención preventiva. El 64,33 % de las 18.208 personas privadas de libertad estimadas a diciembre de 2019, no cuentan con una condena, generando que el país ocupe el cuarto lugar regional, y el 21vo a nivel mundial en materia de población privada preventivamente de libertad.
