Las AFPs ganan y los aportantes pierden

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 45.IV. “El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo, de acuerdo con la Ley de Pensiones”. En el año 2010 Morales promulgó la Ley de Pensiones que dispone que el monto de jubilación será el 70% del último sueldo generado y se calculará con base en las últimas 24 boletas de pago que percibió el trabajador antes de retirarse, aunque la disposición aclara también que si existen grandes variaciones en los anteriores salarios del obrero, se considerará igualmente hasta los últimos 72 periodos (6 años) laborales para realizar una referencia salarial y fijar el promedio de su pensión.

Para que una persona pueda jubilarse con el 70% del promedio de los totales ganados de los últimos 2 años, la rentabilidad que genere sus aportes no debería ser menor al 10%, sin embargo la rentabilidad nominal está por debajo del 3%, lo que significa que los aportantes se jubilarán con rentas menores al 35% del promedio del total ganado en los últimos 2 años. Las empresas PREVISIÓN y FUTURO se hicieron de 22 millones de dólares en 5 años, como gestora estatal para la administración de los aportes para la jubilación, al 30 de diciembre de 2019, alcanzó $us.19.000 millones, ganancia con nuestros aportes subió a un 77%. Entre los años 2013 y 2014 ganaron la suma de 3 millones, entre 2016 al 2017 subieron a 4 y en 2019, 5 millones de dólares con nuestros aportes, en solo 5 años sumaron 22 millones de dólares (LR). Por el contrario, desde 2010 a 2017 las tasas de interés de las AFPs han bajado de 8 a 2,5%. Paralelamente, estas empresas dejaron de invertir y, en este contexto, los aportes de los contribuyentes van perdiendo valor al ritmo de la inflación, todo este desfalco en la administración del régimen dictatorial de Morales.

Rimaypampa publicó que en el periodo de 2010 al 2016, ambas AFPs acumularon 53 millones de $us., su Gerente general gana 31.000 $us mes. En 2015 el gobierno anunció que la administración de las AFPs iba a pasar a manos de una empresa del Estado, llamada Gestora Estatal, que reemplazaría a partir de junio de 2016. Finalmente, el ex ministro Luis Arce Catacora, hoy candidato masista, fijó para septiembre de 2021 ese reemplazo. Por la incertidumbre, en agosto de 2018 la BBTA demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglos Relativa de Inversiones (CIAL), dependiente del Banco Mundial, por violar su contrato, hecho que hasta ahora se mantiene en reserva.

Las AFPs, por su comodidad, realizaron inversiones fáciles, compraron Bonos del Tesoro y del Banco Central de Bolivia, por este mecanismo pasaron a disposición del gobierno 5.000 millones de $us., sus inversiones bajaron en promedio del 2,5 %, lo que significa pérdida neta. Morales usó 50 millones de dólares y ordenó la apertura de una línea de créditos para sus aliados, los empresarios agroindustriales del Oriente en el Banco de la Unión. Si éstos no cumplen con el pago de la deuda, la pérdida será para los trabajadores y no para el Banco Unión. Otros empresarios se beneficiaron con 100 millones de $us con los aportes de los trabajadores, que no entregaron a las AFPs.

El gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, informó que presentó denuncia penal el 30 de junio contra Luis Arce (hoy candidato del MAS). Cuando fue Ministro de Economía armó la maquinaria de enriquecimiento ilícito, por el pago de 3 millones de dólares en el caso Sysde (y) de 11 millones de dólares en el caso Heinsohn, total 14 millones de $us, por las irregularidades en la compra millonaria de un software INEXISTENTE para el nuevo sistema de pensiones, a las dos empresas que se adjudicaron esos contratos durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Exigimos al Fiscal General y jueces la celeridad en este proceso que ocasiona daño económico al Estado y por ende a las y los trabajadores aportantes y rentistas de Bolivia.

La autora es Economista, ex Asambleísta Constituyente.