Negocios del poder, política y droga

En septiembre de 2005, “No dejen que entren. Una vez que están adentro, no los sacan jamás”, le dijo el ex canciller mexicano, Dr. Jorge Castañeda B., al Ing. Guido Capra J., embajador boliviano en México. Además “le advirtió sobre el avance hacia Bolivia de los cárteles de Sinaloa, Medellín y Rosario”. Lamentablemente, el ex embajador guardó esa advertencia en el baúl de sus recuerdos.

El primer anuncio se refiere al Socialismo Siglo XXI, cuánta razón tenía la ex autoridad mexicana, puesto que en diciembre de 2005 un cocalero y un guerrillero, tras ganar las elecciones, cual ilotas comunicaron ese hecho a Fidel Castro y Hugo Chávez. El 21 de enero de 2006 estábamos en las garras del más tenebroso grupo político-delictivo que haya ingresado a la plaza Murillo. Tras el cocalero estaban senadores, diputados, cocaleros, guerrilleros, mineros, ponchos rojos, busca pegas y otros, no pasaban de 800 enmascarados. En seis meses, 80.000 mercenarios cubanos y venezolanos invadieron nuestro territorio, 1.000 de ellos se apostaron en la sede de gobierno y capitales de departamento, bajo el rótulo de diplomáticos, asesores, médicos y profesores.

El cocalero, los de la Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Grupo Palaciego, en complicidad con los señores Luis Arce, Carlos Villegas y amigotes, con base en modelos económicos socialistas, implantaron en Bolivia, el “mercado de oferta y demanda de la corrupción”.

So pretexto de transparentar y agilizar compras y contratos de bienes y servicios en todas las entidades públicas del Estado, promulgaron los decretos 27.328/06, 28.777/07 y 28.759/07, que anula la Ley 1.178/95. Con esas disposiciones instalan la feria de la oferta corrompida, poniendo a disposición del aparato estatal todos los recursos económicos provenientes de los hidrocarburos, minería en general, tierras, impuestos y otros, con la obligación de priorizar el programa “Evo cumple”. Cercenando al pueblo boliviano sus derechos a la salud y educación.

Enterados del mercado liberal del MAS, empresas nacionales, internacionales, transnacionales y “mediadores”, etc., se convierten en demandantes de la corrupción. De esta forma se establece el negocio político criminal que se desarrolló en nuestro territorio durante 14 años, que a la postre se convierte en un asalto de 4.000 millones de dólares al pueblo boliviano.

A instancia del Gabinete Económico se instaló un contubernio entre el Ejecutivo y Legislativo con la finalidad de aprobar los presupuestos anuales, préstamos internacionales y nacionales, aprobación de planes y proyectos, con alcances económicos superiores al millón de dólares, todo con la reglamentación de un arancel de comisiones donde participaron las principales autoridades del Estado. Durante las tres gestiones de gobierno, el flujo económico en este rubro delictivo se aproxima a 2.500 millones de dólares.

Los 1.200 casos y escándalos de corrupción verificados bajo el mandato del cocalero, abarcan montos comprendidos entre 1 y 800 millones de dólares americanos, sin contar casos menores; lo indignante fue la impunidad de todos los responsables. Y es que el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional funcionan a través de cuerdas manipuladas desde el palacio de Gobierno y hoy desde Buenos Aires. A raíz de estas relaciones, quedaron en la impunidad 123 asesinatos. Con razón La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en el último informe (2018) ha catalogado a Bolivia como el tercer país más corrupto de Latinoamérica.

El segundo anuncio del mencionado Canciller mexicano se refería a las visitas de Jesús e Iván, hijos del “Chapo” Guzmán, a Bolivia y Argentina, programadas para fines del 2006. Como se sabe, esos poderosos del cártel de Sinaloa no viajan con documentos legales y sus visitas no son para jugar fútbol. En la actualidad, los herederos del imperio criminal perciben una ganancia de 1.000 millones de dólares semanales cada uno. En consecuencia, el motivo de esa visita era pactar en forma directa con el principal cocalero boliviano todo el negocio referente al cultivo e industrialización de la coca y posterior comercialización internacional de la droga. Paralelamente se instaló una infraestructura para el lavado de dinero, consistente en la construcción de aeropuertos legales y clandestinos, con diferentes capacidades aeroportuarias, creación de compañías aéreas de alcance nacional e internacional, con y sin licencias de funcionamiento. Un ejemplo de lo expuesto es la Ley 906 que incrementó la frontera agrícola cocalera, de 12.000 a 22.000 hectáreas, el desmedido incremento de la fabricación de cocaína, la construcción de aeropuertos en el Chapare y Chimoré con capacidad de vuelos internacionales, donde operan en exclusividad naves de origen mexicano, venezolano (LAMIA), colombiano y otros. Con razón nuestro territorio es considerado la nueva meca de los cárteles más tenebrosos de Latinoamérica. (Fuente: libro Argentina y Bolivia la nueva meca de los cárteles mexicanos y colombianos - Gustavo Sierra).

Lo anecdótico: El cocalero era simultáneamente Presidente de Bolivia y de los cocaleros, pero nunca sembró ni una similla de coca. Lo coincidente es que las mafias argentinas y mexicanas, a su turno, le brindan protección blindada al cocalero, debido a la hermandad existente entre los negociantes de la droga.

En conclusión, política, poder y droga, concatenados adecuadamente, siempre serán un gran negocio para cualquier delincuente político. En el caso del “Indiecito” y Luis Arce --tan profesionales que es muy difícil distinguir “cuál es más inteligente”--, han encubierto el tráfico de la droga en la economía nacional, razón por la cual pregonaban ser autores de la mejor economía mundial. En la actualidad se debaten en una desesperación por recuperar su negocio. No podemos sucumbir ante tanta delincuencia organizada.

El autor es Docente Universitario.

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