Adrián Barrón Rojas
Miles de mujeres en el mundo han asumido medidas de protección contra la pandemia del Covid-19, que las obligan al confinamiento. Pero tal procedimiento lleva implícito un enorme peligro: refuerzan el aislamiento de quienes ya son víctimas de violencia y las separan de casi todos los recursos para defenderse.
Confinamiento con una pareja que registra antecedentes o conductas violentas es un riesgo para la mujer y sus hijos. No solo en América Latina se ha registrado el aumento de casos de violencia, sino que, como consecuencia de la suspensión de actividades en instancias judiciales, muchas mujeres tuvieron que mantener la convivencia bajo ese riesgo.
En América Latina, según informes internacionales, en promedio una de cada tres mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima, según recomendación de la ONU.
En la actualidad, en las condiciones en que se enfrenta la pandemia de Covid-19, se puso a la mayor parte de la humanidad en confinamiento obligatorio, dejando a las víctimas de violencia doméstica en condiciones de mayor vulnerabilidad, con muchos menos recursos disponibles.
Las cifras lo confirman: solo en Perú, tras ocho semanas de confinamiento, hubo 12 feminicidios y 226 violaciones, de cuyas víctimas 132 eran menores de edad. Todas ellas en aislamiento, confinadas y desprotegidas ante sus asesinos o violadores.
En México las mujeres gritaban “nos están matando”, antes de la pandemia. Casi mil mujeres fueron asesinadas en ese país en los primeros tres meses de 2020, según datos de las instancias de Estado, mostrando un aumento de la violencia, a lo que se suman las medidas de bloqueo al coronavirus, quedando ellas en doble peligro.
Las llamadas de emergencia a la Red Nacional de Refugiados, una ONG mexicana que atiende a mujeres víctimas de violencia, han aumentado en un 60% desde el comienzo del período de confinamiento, dicen los activistas, y están pidiendo a las autoridades que implementen políticas para proteger a las mujeres.
En Bolivia hasta mayo se han registrado 41 feminicidios; 11 de éstos tuvieron lugar durante los días de cuarentena. En tanto fueron consignados 545 casos de violencia familiar, teniendo mayor incidencia en el departamento de Santa Cruz, con 221 casos reportados, entre el 31 de marzo y el 12 de abril. Con 105 casos de violencia, La Paz ocupa el segundo lugar en violencia doméstica, y la central Cochabamba con 82 está en el tercero, en un ranking similar al de infectados por el coronavirus.
Si bien la pandemia mundial ha afectado a la economía y las propias relaciones interpersonales, no debería incidir en la violencia doméstica, más aún cuando se redujo el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, nuevamente se analiza la calidad de formación en la familia, ya que asumir una conducta no violenta sigue siendo una tarea a ser realizada en cada hogar.
El primer núcleo de la sociedad debe recuperar los valores de la vida, de la convivencia pacífica, del respeto y ante todo de formar mejores hombres y mujeres, que brinden condiciones de vida más adecuadas a sus hijos e hijas. No es aceptado que el hogar sea ambiente de riesgo para las personas más vulnerables y menos que allí se cultive la violencia. Por el contrario, deberá ser el centro donde se aprenda a erradicar, denunciar y evitar todo tipo de violencia psicológica, física y sexual.
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