Quién fiscaliza al Órgano Legislativo

El Órgano Legislativo Plurinacional, en sus cámaras de Senadores y Diputados, ha asumido de hecho, en el curso del presente año, extrañas funciones que están al margen de las atribuciones que le señala la Constitución Política del Estado, en los artículos 145 al 164. Un ejemplo notable es que sus integrantes, que debían haber concluido sus funciones en enero del presente año, se han prorrogado en sus funciones por una ley proyectada entre sus componentes y que promulgó la presidenta del Órgano Ejecutivo, pese a lo que dispone el Artículo 130, que señala que “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables…”.

Esa acción irregular de hecho, pero no de Derecho, ha sido observada por la opinión pública, no ha sido rectificada en ningún momento y está en vigencia con agravantes que, sin embargo, no son objeto de análisis de nuestros constitucionalistas y partidos políticos que ocupan el escenario nacional.

Pero, aparte de esos aspectos, existe otro, aún más grave, que vulnera las tradiciones más importantes de la actividad parlamentaria, que consiste en que no existe fuerza que fiscalice a ese Órgano Plurinacional y, así, continúe en su existencia en completa inmunidad e impunidad. Esa omisión consiste en que el Órgano Legislativo funciona sin la presencia de público en las barras, el mismo que en el pasado seguía de cerca la labor parlamentaria de diputados y senadores y, al mismo tiempo, contribuía a que los legisladores sean conocidos, se sepa quiénes son y cómo realizan sus funciones como representantes directos de la población electoral. Pero, más que eso, lo más importante es que debido a esa ausencia del pueblo, el Órgano Legislativo ha dejado de contar con la presencia de la fuerza fiscalizadora que siempre existió y que hacía funcionar a ese organismo con mayor eficiencia y corrección y, ante todo, al servicio de la Nación y el pueblo y no al gusto y capricho de sus integrantes ni al libre arbitrio del Poder Ejecutivo.

La barras parlamentarias fueron clausuradas a cal y canto; es casi imposible ingresar al Palacio Legislativo, que es la verdadera Casa del pueblo. En realidad, ese aparato del Estado se ha convertido en un verdadero bunker, en cuyos hemiciclos se juega la suerte del pueblo boliviano y cuyos ocupantes actúan con la mayor impunidad y sin que nadie los fiscalice, al contrario de lo que ocurría antes, cuando las barras parlamentarias observaban, aplaudían o criticaban las intervenciones de los parlamentarios y, en esa forma, se proyectaba leyes que estaban al servicio de la Nación.

La presencia fiscalizadora del pueblo en las barras parlamentarias siempre fue sagrada. Don Franz Tamayo, que fue presidente de ese Poder, la consideró como parte misma de la vida legislativa del país y la calificó acertadamente como “barra colegisladora”, motivos suficientes para que ese organismo reabra sus puertas al pueblo, que es su verdadero fiscalizador.

Se sabe que algunos parlamentarios demócratas sugirieron que sean reabiertas las barras del Congreso, pero chocaron contra los oídos sordos de diputados y senadores del pasado dictatorial, situación que ya no debe existir, pues las condiciones históricas han variado sustancialmente. La clausura de las barras colegisladoras debe ser suspendida a la brevedad posible.