Denuncian a jueza que liberó a padre violador

Paola Barriga, abogada de la familia de un menor que fue violado por su padre, anunció un proceso penal contra la jueza Sandra Rojas Salinas, presidenta del Tribunal de Sentencia Primero de la ciudad de El Alto, por otorgar detención domiciliaria, al ahora prófugo, Mario Campos Cordero, sentenciado a 15 años de reclusión.

La jurista aclaró a EL DIARIO que la denuncia a presentar será por los presuntos delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la ley, siendo que la sentencia que actualmente se encuentra en casación, ya fue ratificada por otro tribunal.

Barriga refirió que ésta es la segunda vez que el acusado fue beneficiado con detención domiciliaria, y que en la primera, la medida fue revocada por incumplimiento a las restricciones.

“Cómo es posible que con una sentencia aprobada en segunda instancia le otorguen detención domiciliaria. Ese tribunal es el que lo sentenció, por lo tanto conocían el caso. Ellos escucharon el testimonio del niño cuando fue a declarar al juicio, cómo es posible que no tenga piedad. No se dan cuenta en el peligro que ponen a la víctima”, lamentó.

AGRESIÓN SEXUAL

V/S VIOLACIÓN

La jurista apuntó que el Tribunal de Sentencia Primero de la ciudad de El Alto también benefició al acusado con el cambio de tipo penal, siendo que fue denunciado por violación, con las pruebas suficientes para sustentar la acusación, empero lo sentenciaron por el delito de abuso sexual, extremo cuya pena va de 5 a 20 años.

En ese marco, explicó que tras la sentencia condenatoria a 15 años de reclusión, computable a partir del 5 de julio de 2018, el sujeto solicitó la cesación a la detención, mismo que fue otorgado el pasado 2 de junio, cuando en el país y el departamento de La Paz, se encontraba en una cuarentena rígida.

“Por línea jurisdiccional está prohibido admitir audiencias de cesación para un sentenciado, pero aun así la audiencia se instaló. La Fiscalía y los querellantes se opusieron y para el día de la apelación ni siquiera los notificaron, cuando tenían los números de la fiscal, del abogado de la víctima, número a través del cual se los notificó para la audiencia, donde se otorgó las medidas sustitutivas, pero para la apelación los notificaron a números equivocados y por eso se confirmó la detención domiciliaria”, lamentó.

MURIÓ UN

FAMILIAR

La jurista precisó que dentro el proceso que inició en 2015, el ahora acusado se benefició con detención domiciliaria en 2017, medida que fue revertida por incumplimiento. Empero en el mes que gozaba de ese beneficio una tía de la víctima murió en consecuencias sospechosas.

“Le otorgaron detención domiciliaria y a los pocos días la única tía de la madre de la víctima fue encontrada muerta, estrangulada cerca al domicilio de la víctima. No se ha comprobado, pero se presume que él sea el principal implicado”, refirió.

En ese marco la jurista aseguró que pese a que la familia de la víctima se encuentra a buen recaudo, el miedo y la zozobra se apoderó de ellos, porque desde que el sujeto fue liberado, alguien estuvo siguiendo a la víctima.

PRÓFUGO

Para las 8:40 horas del lunes 13 de julio, estaba prevista la audiencia, donde la defensa de la víctima pediría revocar la detención domiciliaria del acusado, empero éste no se presentó por lo que fueron a su domicilio, donde tampoco se encontraba y se procedió al mandamiento de aprehensión.

“Cuando llegamos con la fiscal, la dueña de casa nos dijo que el sujeto nunca vivió en el lugar, la habitación donde supuestamente hicieron el verificativo policial, estaba totalmente desmantelada, no había nada, ni una frazada o por lo menos un colchón en el piso”, apuntó.

La jurista aseguró que el hombre nunca vivió allí ya que ninguno de los vecinos que habitan en la casa lo conocen, ni siquiera el de la tienda próxima, pese a que supuestamente vive allí desde el 3 de junio.

“El domicilio es una garantía que la tía le otorga, y con esa garantía es que piden la detención domiciliaria, ahora que hemos verificado que él nunca vivió ahí, la dueña de casa tiene que cubrir los gastos que se puedan requerir para dar con el paradero del acusado, quien dio Bs 15.000 de garantía, monto que no cubrirá mucho, siendo que no hay antecedentes de su paradero y, por referencias, tiene familiares en Perú”, refirió.

DATOS

De acuerdo con los datos proporcionados por la jurista, Mario Campos violaba a su hijo desde sus ocho años, empero el caso salió a la luz cuando la víctima, que ya no pudo soportar más, relató los hechos a sus profesores, cuando tenía 11. El menor que ahora tiene 16 años, era amenazado con matar a su madre, si es que denunciaba lo sucedido.