Agua y poder

El titulo corresponde a un trabajo preparado por Henry Oporto, Luis Fernando Salinas y el Equipo Técnico de la Fundación Milenio, (primera edición, octubre de 2007). Es un valioso aporte sobre un tema que tiene importancia para la sociedad en su conjunto, en sus necesidades de agua para consumo humano, riego y otros usos. Como apunta Roberto Laserna, presidente de la Fundación en esa etapa, este texto apunta a dar respuesta a la “guerra del agua” que se dio en ese periodo en el departamento de Cochabamba.

La guerra del agua que es analizada en este trabajo de investigación trata de una etapa de verdaderas batallas que se dan entre empresas internacionales que, mediante convocatorias públicas, se hicieron cargo de la provisión de este vital elemento y los servicios de alcantarillado para las ciudades de La Paz y Cochabamba, y el afán de los políticos “socialistas” que consideraban que esta tarea debía estar a cargo de empresas públicas, para luego quedar claro que las mismas, más que cumplir tal objetivo, lo que buscaban era obtener pegas para sus partidarios o parientes.

El resumen que presenta esta valiosa investigación nos ofrece un cuadro bastante completo de lo acontecido en esa etapa crítica: “el 24 de julio de 1997 fue suscrito un contrato de concesión para los servicios de agua potable y alcantarillado en el área comprendida por los municipios de La Paz y el Alto con la empresa “Aguas del Illimani” (AISA), conformada por un consorcio de inversionistas liderado y operado por la francesa Lyonnaise des Eaux. Cuatro años más adelante, el 3 de septiembre de 1999, la Superintendencia del sector adjudicó un segundo contrato de concesión a la empresa “Aguas del Tunari”, integrada principalmente por la británica International Water Limited para el aprovechamiento de las aguas de Misicuni y el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba.

Apenas seis meses después, la Superintendencia de aguas, forzada por la presión popular, rescindió el contrato de concesión con Aguas del Tunari, encomendando a SEMAPA reasumir la responsabilidad del servicio de agua y alcantarillado. Lo mismo acontecería a principios de 2005 con respecto a la concesión del servicio en La Paz. El gobierno de Carlos Mesa (2003 – 2004) sin poder resistir la presión política de El Alto, se veía obligado a disponer la terminación del contrato de concesión con AISA, proceso este que ha concluido dos años después con la salida de esta empresa y la decisión de entregar la operación del servicio a la nueva Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS).

Las reformas en el sector fueron la respuesta que dio el Estado a una serie de problemas que impedían tanto la ampliación de la cobertura de los servicios a las poblaciones urbanas y rurales como la introducción de mejoras reales en la calidad de los mismos”.

Pero esos cambios que se sucedieron entre privatizaciones y manejo mediante empresas públicas, no resolvieron la dotación de agua más generalizada a los principales centros urbanos.

Se cita la referencia al hecho de que según datos al 2001, los seis departamentos con índices de pobreza superiores al promedio nacional (Potosí, Beni, Pando, Chuquisaca y Oruro, excepto La Paz) tienen una cobertura de agua menor al problema nacional. Pero los desequilibrios entre zonas urbanas y rurales son más notables: si en las ciudades el 86% de la provisión de agua se realiza mediante redes, en el área rural es apenas del 28%, lo que implica que el agua que se consume es mayoritariamente de ríos, vertientes y pozos.

Proseguiré con otros aspectos de esta importante investigación la próxima semana.