Empresarios plantean acciones para precautelar la capacidad financiera

Las Federaciones Empresariales Privadas de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí, Tarija y del Beni enviaron ayer martes una carta al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, solicitando nueve acciones para precautelar la capacidad financiera, conservar las fuentes de empleo y reactivar las capacidades productivas de las empresas del país.

En la primera acción se solicitó la modificación a los plazos de vencimiento para la declaratoria y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de las empresas con cierre de gestión al 31 de diciembre de 2019, 31 de marzo de 2020 y 30 de junio 2020, hasta el 31 de diciembre del presente año.

“El empresariado en su conjunto está atravesando una crisis económica y laboral que no le permitirá dar cumplimiento a los plazos ya estipulados”, menciona el documento escrito.

La segunda acción solicitada fue la conciliación excepcional del 50% del pago del IUE como medida de apoyo a las empresas legalmente establecidas para conservar las fuentes de empleo. La tercera consiste en otorgar facilidades de pago que no fueron canceladas durante los meses de la pandemia, pidiendo su diferimiento en pagos distribuidos durante los 12 meses posterior a enero de 2021.

Por otra parte, como cuarta acción se solicitó celeridad en el trámite de documentos de garantía, principalmente los que respaldan contratos con el Estado en los distintos niveles de Gobierno que se encuentren con vigencia vencida, para su devolución inmediata a fin de viabilizar su renovación y gestionar pagos retrasados.

También, como quinta acción, se pidió reducir la edad de jubilación para la gestión 2020 y 2021 a hombres a los 55 años y a mujeres a los 52 años.

“Subvencionar aportes patronales, con los Fondos del Aporte Nacional Solidario. Que se asuma que las bajas médicas del personal con enfermedades base sean cubiertas por los seguros”, señala el documento como sexta y séptima acción.

Igualmente, como octava acción, se solicitó reglamentar el Decreto Supremos 4272 de Reactivación Económica y que la Asamblea Legislativa Plurinacional libere, con normativa legislativa, la autorización y uso de recursos para tener respaldo financiero para la reactivación económica.

Finalmente, se solicitó la digitalización electrónica para la protocolización de contratos y contratos modificatorios, sin costo alguno.