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Falta de pago de instituciones publicas
La paralización de obras y problemas de liquidez, por las deudas atrasadas, ponen en riesgo más de 250.000 empleos directos y alejan cualquier posibilidad de una reactivación de la economía
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y las empresas constructoras privadas, junto a los trabajadores de la construcción aglutinados en la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB) se declaran en estado de emergencia, debido a la falta de pago de parte de las instituciones publicas El presidente de la Cadecocruz, Aldo Sülzer, señalo, en una nota de prensa, que la Administración Pública (Gobierno Nacional, Gobernaciones y Municipios) arrastran deudas por meses, y en algunos casos incluso años, con las empresas privadas de la construcción por planillas de Avance de Obra impagas, que hasta la fecha (julio de
2020) llegan a 2.500 millones de bolivianos, es decir más de 350 millones de dólares. “Lamentablemente, varias empresas ya han tenido que cerrar ante los problemas financieros”, señalan.
Si bien esta situación afecta a todas las empresas constructoras, las más perjudicadas son las pequeñas y medianas, que tienen mayores dificultades para acceder al sistema financiero nacional.
Las medidas adoptadas por el actual Gobierno, incluidas en el Decreto Supremo N° 4272, no enfrentan este problema y por lo tanto no lo solucionan.
Entretanto, y pese a que desde el 11 de mayo se reabrió la posibilidad de que el sector constructor vuelva a trabajar con los protocolos de bioseguridad correspondientes, dos meses y medio después la gran mayoría de las obras públicas siguen paralizadas y no se puede pretender que se reactiven si no se pagan las deudas acumuladas.
La paralización de la obra pública y los problemas de liquidez de las empresas, por las deudas atrasadas, ponen en riesgo más de 250.000 empleos directos, y alejan cualquier posibilidad de una rápida y eficiente reactivación de la economía.
La construcción genera 1,5 millones de empleos entre directos e indirectos y está directamente relacionada con otros 17 sectores de la actividad productiva. Por otra parte, un 73% de empresas constructoras trabajan con el sector público.
El Gobierno Nacional debe tomar medidas con carácter de urgencia y deben ser contundentes, pues las consecuencias de la crisis y paralización del sector constructor se reflejarán en la economía y el empleo, al igual que dañarán el tejido empresarial de la construcción, afirman.
“Nuestro sector ya está con números rojos, con tasas de decrecimiento alarmantes, por lo que a tiempo de declararse en emergencia demanda soluciones efectivas e inmediatas. Necesitamos que estos pagos para reactivar nuestro sector y la economía del país y apoyaremos las medidas que determinen los trabajadores”, señala el final de la misiva.
