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Financiación de la calamidad pública decretada


 

Una serie de interrogantes se agrupan en el panorama económico del país por el estado de pandemia que atraviesa. Entre ellas los compromisos en materia de inversiones públicas para paliar la incertidumbre de distintos niveles de la sociedad por la contracción de la economía nacional, situación que suscita explicaciones del Gobierno Nacional, pero que en algunos casos crea confusión o duda.

El ministro interino de Economía, Abel Martínez, empezó por desvirtuar que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central sean “tocadas”. El tema surge a propósito de la declaratoria de “Calamidad Pública” mediante el Decreto Supremo 4.301 del Órgano Ejecutivo, disposición que contempla empréstitos del principal ente emisor. La duda recae sobre la financiación de la nombrada Calamidad si son consideradas las obligaciones del Estado asumidas como bonos, moratorias, adquisiciones médicas de emergencia, adelanto de la renta Dignidad, etc., las mismas que no estaban contempladas en el Presupuesto General 2020. Otra inquietud es cómo se planteará el Presupuesto 2021, teniendo en cuenta la retracción económica del momento.

Todo Presupuesto es un proyecto económico ideal, una predicción, pero sin plena seguridad de cubrirlo o de financiarlo. En dos o tres meses el Presupuesto General 2021 deberá ser discutido en la Asamblea Legislativa. Es posible que se lo plantee en parte con base en un mayor endeudamiento público, bastante crecido al presente. ¿Cuál será la fuente? No se sabe hasta dónde el Legislativo --ala gobernante paralela-- aceptará las expectativas de endeudamiento con las experiencias que deja por el bloqueo a los mismos, siguiendo su estrategia política conocida.

Los datos de los organismos económicos internacionales y de la Cepal son casi coincidentes en que el desempleo asomará a 96 millones en América Latina y el Caribe, además que el nivel de vida retrocederá en una magnitud de 10 años atrás. Estos datos, ciertamente, no son alentadores, menos aún para Bolivia, dependiente de la exportación de gas y con una informalidad incrementada desde ya por la crisis sanitaria, informalidad, disfraz del desempleo. No obstante, el indicado ministro subrogante se manifiesta optimista al afirmar que el endeudamiento del país todavía no está en el 40% del PIB. Se deduce entonces que continuará esa política económica. Algo similar abundaba en boca del régimen de los 14 años, tratando de explicar los enormes préstamos externos contraídos.

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