La contrarreforma agraria a 67 años de Ucureña

La economía agraria avanza en zigzag, retrocede o da saltos adelante. La economía agraria boliviana está sujeta a esas características desde que en 1825 se puso en aplicación los “decretos dictatoriales” de Cusco y Trujillo, dictados por Bolívar, los que, casi de inmediato, fueron recortados en sus puntos más importantes y se anuló su sentido democrático.

Legislaciones posteriores, como las de Melgarejo, Frías y Campero, hicieron dar a la cuestión profundos virajes hacia atrás, sin que algunas posteriores reformas, como las de Saavedra o Villarroel, puedan cambiar su contenido feudal y vuelvan el medio rural al camino democrático.

La reforma agraria de 1953 fue un avance importante para la economía agraria boliviana, pero a partir de 1964 se paralizó e inclusive empezó a hacer retrocesos sustanciales hacia el feudalismo destruido en 1953. Simples resoluciones ministeriales fueron elevadas a rango de decretos supremos. Se desvió su sentido democrático con creciente intensidad, hasta casi retroceder a antes de 1953.

A 67 años de la reforma agraria dictada en el campo de Ucureña, Cochabamba, es posible hacer una nueva evaluación de ese proceso, considerando especialmente la expulsión del poder del populismo de Evo Morales y la existencia del nuevo gobierno transitorio actual de Jeanine Áñez, que heredó una situación delicada y que, además, por su carácter provisional, no puede proceder a su solución.

En sus aspectos esenciales, la reforma agraria dispuesta por el Decreto-ley 05702 de 1953, por un lado, en el Oriente del país resolvió en gran proporción los aspectos estructurales de propiedad y formas de producción, pero no así en Occidente. Por otro lado, en Occidente la solución fue incompleta, donde se puede decir que liberó al hombre, pero no liberó la tierra, como sí ocurrió en los departamentos orientales, Santa Cruz y Beni.

Esos aspectos dieron pie a medidas políticas contra la reforma agraria, en particular desde 1964, a partir del gobierno del presidente René Barrientos. Se anuló, por decreto, a nivel nacional, conquistas democráticas en cuanto al derecho de propiedad absoluto de la tierra para los nuevos propietarios y se autorizó la práctica de sistemas de trabajo feudal, como las “compañías”, el pago del trabajo en especie, etc. Esos cambios sustanciales en la estructura agraria del país afectaron a los sistemas de distribución, cambio y consumo y determinaron la retardación de las fuerzas productivas. Medidas anti campesinas de esa naturaleza, dictadas por decreto por el gobierno que se declaraba partidario de los campesinos (y aun utilizó el pacto militar-campesino) le valieron que fuese desconocido por éstos. La ley agraria de 1953 fue reformada en lo sustancial y adquirió carácter anti democrático.

Gobiernos militares y civiles mantuvieron entre 1970-1990 esa situación sin modificaciones, aunque haciendo amenazas de reformas, unas más reaccionarias y otras más progresistas, como la que, a lo más, proyectó el gobierno del general Alfredo Ovando. Pero, finalmente, las cosas siguieron igual hasta que vino el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que, siguiendo la línea de privatización del gobierno de Jaime Paz Zamora, dictó, después de varios intentos frustrados, la Ley INRA. Entonces, los previos decretos fueron elevados a carácter de leyes. En su contenido sustancial la ley agraria de 1956 fue anulada. Los campesinos perdieron sus principales objetivos históricos.

Una campaña para anular esa nueva legislación agraria anti indígena y anti campesina pareció que podría servir para solucionar los problemas y dar libertad a la tierra y al hombre, por parte del gobierno indígena de Evo Morales. Pero ocurrió lo contrario, es decir la legislación agraria dictada por el gobierno de Evo Morales se mantuvo y agravó la situación socio-económica de los campesinos, ya no solo por ley, sino, nada más ni nada menos, que por medio la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente de 2008, promulgada pomposamente en acto público por Morales.

En esa forma, en varios años, resoluciones administrativas fueron convertidas en resoluciones ministeriales y éstas en decretos. Enseguida esos decretos fueron convertidos en leyes. Por si fuera poco, para perjudicar aún más a los indígenas y campesinos, se dictó medidas constitucionales y finalmente la Constitución de Evo Morales, todavía vigente.

La legislación agraria en vigencia y originada en la Constitución está llena de contradicciones, anomalías, vicios, inclusive errores de concepto y gramaticales, etc. Pero, principalmente, anuló todo lo progresista de la reforma agraria de 1953, restauró lo más negativo y reaccionario del viejo orden feudal y colonial que existía en el país. Y ese resultado es principalmente obra del gobierno de Evo Morales (que se llamaba “gobierno indígena”) y la Constitución dictada durante su gobierno.

La legislación agraria actual del país, inversamente contraria a la de 1953, es como si hubiese sido dictada por los terratenientes del Siglo XIX. Determinó el retorno al pasado, produjo la muerte de la agricultura en Occidente. Es la causa de la sucesión de crisis políticas, el empobrecimiento de los campesinos, golpes de Estado y aparición de aventureros que destruyeron con absurdos populistas todos los avances democráticos del movimiento campesino.