Pandemia, economía y política

II. Economía

Cuando se produjo la caída de los precios del petróleo, lo cual traería consigo la baja en los precios del gas, el entonces ministro de economía Luis Arce Catacora declaró a la revista Nueva Economía, que esto no sería mucho problema para la economía boliviana puesto que ésta “a partir de 2016 empezará a recibir los recursos de la industrialización y de las empresas estatales en actual proceso de consolidación. Vamos a empezar a recibir los réditos de haber invertido en su momento. Las carreteras van a estar concluidas, los proyectos de industrialización del litio, el Mutún, las plantas de cemento, las hidrometalúrgicas, las carreteras. Eso significa mayor crecimiento económico”.

Al año de 2020, todavía tenemos una precaria red de carreteras, pese a que fueron gastados 11.000 millones de $US en proyectos de construcción de carreteras, no hay ningún resultado de la industrialización del litio, a la cual se destinó 600 millones de $US, el proyecto Jindal del Mutún fue un fracaso y el segundo se perfila como un nuevo fracaso, la planta de cemento de Oruro no arranca y tiene deuda con los constructores, la construcción de la planta de cemento de Potosí está paralizada y el ingenio hidrometalúrgico de Huanuni no puede operar, porque no tiene suficiente suministro de agua.

A ello hay que agregar los numerosos elefantes blancos, como la planta de urea de Bulo Bulo, la planta separadora de líquidos, el ingenio azucarero de San Buenaventura, la red de teleféricos, los aeropuertos y otros muchos más. En cuanto a las empresas estatales, éstas trabajan a pérdida y tienen déficits millonarios, como Boliviana de Aviación, empresa de aeropuertos SABSA, Empresa Metalúrgica de Vinto que debe 80 millones de $US, Empresa Minera de Huanuni, donde trabajan más de 3.000 mineros y otras más. Este monumental despilfarro no ha significado “crecimiento económico” más bien ha hecho perder a Bolivia la mejor oportunidad que tuvo en toda su historia para salir del subdesarrollo y más bien estos pésimos emprendimientos constituyen una carga pesada para su economía. También el ministro Arce Catacora nos ha dejado cinco años de fuerte déficit fiscal, balanza de pagos negativa, disminución en las reservas de moneda extranjera y elevadas deudas externa e interna. A ello hay que agregar que el gobierno de Evo Morales ha matado la gallina de los huevos de oro que es YPFB, en lo que se refiere especialmente al agotamiento de las reservas de gas.

Si el gobierno de Evo Morales, Luis Arce Catacora y el MAS han echado por los suelos a la economía de Bolivia, ahora la pandemia quiere enterrarla. Como sucede en los países del mundo víctimas de la pandemia, en Bolivia se está produciendo una fuerte contracción de la economía, lo que significará para el país una disminución del PIB, para el Estado un incremento en el déficit fiscal, para las empresas públicas y privadas estados financieros negativos, que en muchas determinarán su cierre, la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y otras consecuencias negativas más.

El próximo gobierno tendrá la penosa tarea de reconstruir el aparato económico del país. En primera instancia tendrá que tomar la decisión fundamental de priorizar la economía sobre la política. No sea que le suceda como, en el pasado, a la UDP que manejó la economía en función de la política y llevó al país a una crisis económica sin precedentes, con un récord de hiperinflación. No supo revertir las condiciones adversas en que recibió la economía de un gobierno autoritario, que despilfarró los recursos que tuvo el país en otra bonanza y que dejó al país con elefantes blancos, empresas estatales deficitarias y una enorme deuda externa.

Ciertos temas serán sensibles en la agenda del próximo gobierno como: qué hacer con los elefantes blancos y las empresas estatales deficitarias; cómo disminuir el déficit fiscal, la elección de proyectos de inversión pública que reporten beneficios para el país; seguir la política de que el gobierno lleve a cabo proyectos en el sector productivo o dejar que éstos los realicen los empresarios privados; cómo fomentar la inversión privada nacional y extranjera; cómo fomentar la producción y cómo restablecer el estado de derecho, la seguridad jurídica y la vigencia de la ley SAFCO.

El autor es ingeniero civil y docente emérito de la UMSA.