Sobre los aportes laborales que administran las AFPs

El país y el mundo entero son víctimas de la pandemia del coronavirus; hecho que obligó al gobierno a improvisar con agresividad un servicio médico para quienes sean afectados por este mal. A la crisis sanitaria se suma la crisis económica que también afecta a la población; el grupo más afectado es el de los desocupados, grupo de personas que en su momento tenían actividad laboral remunerada y cumplían con el aporte a la AFPs para asegurar su renta de vejez; ante la mala administración de estos recursos solicitan su devolución.

Ante la negativa del gobierno, este grupo de ex trabajadores empezaron con la campaña de devolución de aportes efectuados en su vida laboral. En un principio solicitaron el 10%; ante la falta de voluntad de atender o entablar un dialogo, la pretensión fue modificándose y actualmente se solicita la devolución del 100%; la razón es que muchos de los aportantes no podrán jubilarse al haber dejado de trabajar. Otro motivo de la exigencia es que este capital está siendo mal administrado por las AFPs, pues día a día pierde su poder adquisitivo y en el futuro no cumplirán con los principios de la seguridad social que prevé la Constitución Política del Estado.

El Art. 45 de la norma constitucional, en los parágrafos pertinentes señala: “I. Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponden al Estado, con control y participación social; IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”. Los principios que refiere la norma constitucional son claros, como la eficacia, la administración estatal y el carácter solidario de la jubilación; en la actualidad, la administración de los recursos de los trabajadores está al margen de los principios constitucionales, lo que causa desconfianza en los asegurados y existe el temor de que pierdan su capital.

Según los datos aproximados que se conoce, el total de recursos que administran las AFPs llega aproximadamente a 19.500 millones de dólares, de un total de 2,3 millones de asegurados. Los dineros referidos se encuentran invertidos, el 60% en el sector financiero nacional (en depósitos a plazo fijo), otra parte que alcanza al 25% en bonos del Estado y el restante 15% se encuentra invertido fuera del país y en acciones de empresas nacionales, obviamente cumpliendo con la normativa. Sin embargo, la rentabilidad de estas inversiones no refleja una buena administración por parte de las AFPs, no se demuestra buena inversión.

En la instancia gubernamental no existe ni la mínima voluntad de viabilizar el petitorio, por el contrario, existe un desentendimiento entre la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Ejecutivo, con el único afán de perjudicar al ex trabajador. Se dice que la instancia legislativa tiene preparados tres proyectos de solución y la instancia ejecutiva rechaza la misma, señalando falta de argumentos. Para la negativa, los ministros de Economía, saliente y actual, señalan que la devolución de este capital pondría en peligro el sistema de jubilación, así como desestabilizaría la economía del Estado; se desconoce la vigencia del ahorro individual en el sistema de la seguridad social en el país y la devolución no afecta a nadie, por tratarse de dineros propios de los asegurados.

La posible iliquidez de las Administradoras de Fondos de Pensiones para la devolución de aportes debe ser resuelto por el gobierno; de inicio, seguramente se argumentará que la devolución de la totalidad de aportes no es posible por las inversiones; pero existe un porcentaje de recursos en poder del Estado, el 25% del capital total (invertidos en bonos del estado), este capital debe ser devuelto en forma proporcional a los asegurados, lo que de alguna forma tendrá aceptación en los ex trabajadores. Posteriormente el Estado deberá buscar fuentes de financiamiento para cumplir con una devolución total de aportes.

El autor es Magister en Derecho administrativo.

joriosluna @hotmail.com