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Ante gravedad de protestas y bloqueos
Bolivia, a través de la Cancillería, formalizó una denuncia internacional contra las personas que alientan y protagonizan bloqueos de caminos que vulneran los derechos de los pacientes afectados por la pandemia de coronavirus y que están luchando para salvar sus vidas en hospitales del país. La nota fue dirigida a siete organizaciones.
La canciller Karen Longaric informó, este jueves, que remitió una carta a siete organizaciones internacionales, precisamente, por la gravedad de los efectos provocados por los cortes de ruta que dejaron sin oxígeno medicinal y medicamentos a varios hospitales del país.
Según publicación de la agencia estatal, la nota está dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), UN Human Rights, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
"Las medidas, que están motivadas por razones políticas, tienen fuertes efectos sobre el sistema de salud del país, impidiendo que pueda movilizarse el personal médico, que circulen ambulancias, y que se transporte medicamentos, insumos médicos y oxígeno para los pacientes contagiados con Covid-19", precisó la Canciller.
De hecho, estas protestas exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que celebre elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como fue decidido ante el crecimiento de contagios por coronavirus.
La autoridad diplomática remarcó que estas movilizaciones "violan flagrantemente" los derechos humanos de la población y constituyen "hechos delictivos" que se intentan controlar porque no pueden ser considerados como protestas pacíficas.
Advirtió que cualquier medida adoptada por las autoridades para enfrentar dichas protestas es rápidamente denunciada por el Movimiento Al Socialismo y el expresidente Evo Morales como "opresión política, cuando en realidad son acciones necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos".
El sustento legal de la denuncia está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) sobre el derecho a la salud.
Al respecto, ratifica que los actores políticos que impulsan estos bloqueos violan estos preceptos esenciales.
"Ni en situaciones críticas de conflictos armados puede restringirse la circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o tomarse medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional Humanitario", aclaró.
La Canciller agregó que en la marcha del 29 de julio, organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) se registraron ataques contra una ambulancia y miembros de la prensa.
Sucesivamente, puntualizó, se produjeron incendios provocados, bloqueos y destrucción deliberada de carreteras con el ánimo de impedir el paso de insumos médicos esenciales, vulnerando de esta manera el derecho a la salud de la población.
"El Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales se manifiesten censurando la flagrante violación de los Derechos Humanos que provocan las movilizaciones impulsadas por estos actores políticos", escribió la canciller en su solicitud.
"Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, y esto no puede ser consentido por los organismos internacionales, como tampoco puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales llama abiertamente a la confrontación", agregó.
