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Despilfarro en el sector transporte

Oscar Espinosa García

I.- Despilfarro en las carreteras

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, del Gobierno de la presidenta Janine Áñez, dio un informe a mediados del mes de diciembre de 2019, sobre la situación del plan de inversiones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que establece que durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019) se ha gastado 11.000 millones de $US en las carreteras. De las carreteras construidas en este periodo, el 75 % presenta “deficiencias severas en el diseño, construcción, supervisión, entrega y recepción final”. El ministro señaló que hubo “ausencia de licitaciones, sobreprecios, malos sistemas de supervisión y politización en las decisiones”. Este gasto equivale a ocho veces lo destinado a salud en el periodo y a 41% de la deuda contraída en el mismo. Con estos 11.000 millones de $US, Bolivia debería tener una súper red de carreteras que cubra todo el territorio nacional y abarque a las tres redes: fundamental, departamental y municipal.

Este enorme gasto se ha hecho para la construcción de carreteras de dos carriles (uno de ida y otro de vuelta) y la construcción de dobles vías (dos carriles de ida y dos de vuelta). Pese a ello, las últimas temporadas de lluvias han mostrado que Bolivia tiene una precaria red de carreteras. La mayor parte del territorio, particularmente el norte a partir de la carretera Copacabana – La Paz – Oruro – Cochabamba – Santa Cruz – Puerto Suárez, no dispone de transporte carretero transitable los 365 días del año. Desde Cobija, capital del Departamento de Pando, se puede llegar hasta Ilo, Matarani o Lima por una carretera pavimentada transitable los 365 días del año. En cambio, desde La Paz hasta Cobija se llega hasta en seis días por una carretera precaria, que se interrumpe en la temporada de lluvias, donde además hay proyectos de construcción por muchos millones de dólares.

Los proyectos del programa de inversión de la ABC no han seguido las normas de los sistemas de inversión pública y de administración de bienes y servicios. No han salido de un proceso de selección según criterios económicos, financieros y de ingeniería. Los proyectos han sido elegidos según el libre albedrío del presidente o de los funcionarios que ponían a su consideración los proyectos para su aprobación.

La Administradora Boliviana de Carreteras ha obviado la realización de los estudios de factibilidad, violando una de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que especifica que un proyecto de inversión pública “debe contar con los estudios y evaluaciones que recomienden la asignación de recursos al proyecto, de acuerdo con los criterios de rentabilidad socioeconómica establecidos por el Órgano Rector”. De esta manera se ha elegido proyectos costosos y sobredimensionados. Las dobles vías se justifican cuando la carretera ha alcanzado elevados volúmenes de tráfico (40.000 vehículos por día) y la ABC ha construido dobles vías, en carreteras que tienen tráficos inferiores a 6.000 vehículos por día.

La contratación de las empresas constructoras de las carreteras se ha realizado con procedimientos que no han seguido las normas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. No se ha llamado a licitaciones públicas y las adjudicaciones a las empresas constructoras se ha hecho de manera arbitraria y se ha seguido la modalidad de contratación “llave en mano”, donde el contratista realiza el diseño y la construcción de la carretera y puede cobrar lo que quiere. Estos procedimientos han eliminado la transparencia en la ejecución de los proyectos carreteros. A ello hay que agregar la falta de control de parte de la Contraloría, que nunca se ha pronunciado por la clara infracción que la Administradora Boliviana de Carreteras hacía de las normas legales vigentes.

La ABC ha contratado mayormente a empresas extranjeras, en ciertos casos a empresas que nunca habían construido una carretera y que para cumplir con el contrato tenían que recién conformar el plantel de ingenieros, con personal externo que no pertenecía a la empresa y además no disponían del equipo para construir la carretera.

En los proyectos se ha encontrado muchas irregularidades, como la rescisión de contratos por incumplimiento en la ejecución de las obras contratadas, mala ejecución de las obras, abandono de las empresas, malas prácticas de construcción, avances físicos mínimos frente a desembolsos máximos, discordantes con el avance que tuvo la empresa en la construcción de la carretera.

El autor es ingeniero civil y docente emérito de la UMSA.

 
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