Camino para despolitizar las fuerzas policiales y militares

La acción del Comandante en Jefe de las FFAA de nuestro país, frente al Legislativo, primer poder político, logrando el ascenso de sus Oficiales Generales, debe ser conducente a lograr la tan ansiada eliminación o, por lo menos, una disminución significativa de la injerencia política en las instituciones uniformadas. Por sus características jurídicas de fundamentales y permanentes, como el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval/Armada Boliviana, y Fuerzas de la Policía Nacional/Boliviana --LOFA-LOPN Vs. CPEPB-- deben dejar de ser apetecibles para los mercaderes de la política y más bien necesarias para fortalecer el estado de derecho y los procesos democráticos.

Este hecho constituye un antecedente importante y proactivo, que hace muchos años se debió aplicar, omitidos de buena y mala fe, por los mandos coyunturales, ya sea por falta de vocación administrativa gerencial de alto nivel con visión de país o por actitudes xenuflexas y condicionadas por las presiones, conveniencias y convicciones políticas, circunstancias que coadyuvaron a la devaluación paulatina de su verdadero rol, de varios elementos que conforman su prestigio que aún pervive, y también de su doctrina y disciplina ante los ojos y oídos de la sociedad boliviana en su conjunto.

Pues bien, las leyes orgánicas constitucionales de la policía y fuerzas armadas (LOPN - LOFA), que mantienen esa calidad normativa labrada en la República --1985 y 1992, respectivamente, no habiendo voluntad política al menos para adecuarlas al texto constitucional de 2009-- establecen precisamente un modelo protector de la institucionalidad, que la mayoría de las entidades uniformadas de la región lo tienen. Por ello los ascensos --derechos individuales en mérito a procesos académicos y meritocráticos-- hasta los grados de general dentro de su escala jerárquica, son parte inalienable no delegable de su potestad de administración, competencias y atribuciones devenidas de su legalidad y legitimidad internas, para evitar el perverso y nocivo escenario donde los funcionarios uniformados de alta graduación, estén a merced de los representantes políticos en instancias legislativas.

Así se desarrolló por años en nuestro país, donde se labró hipotecas y compromisos que naturalmente afectaron a las organizaciones uniformadas por intermedio de sus oficiales de más antigüedad en el servicio activo; la acción ratificatoria legislativa se circunscribe a un acto administrativo y no una instancia burocrática de evaluación, ni mucho menos de administración, por ello nunca se emitió una ley de ascenso.

Por otro lado, el titular de otro poder del Estado, por mandato constitucional, designa a las máximas autoridades militares, y de policía; es decir, al Comandante en Jefe de las FFAA, Jefe de Estado Mayor General, Comandantes Generales de las tres fuerzas y al Comandante General de la Policía Boliviana; es una instancia también política, representa y ejerce potestad civil sobre las expresiones del poder militar y policial, de ahí que se emite un Decreto Presidencial para la investidura en nombre del Estado, interacción que también se debe ajustar y perfeccionar, de modo que se incentive la institucionalidad y su rol imparcial de Estado y no de Gobierno, para no seguir influyendo inadecuadamente en el porvenir de las instituciones castrenses; dada su condición de entidades armadas detentoras del uso legítimo de la fuerza, cuyo manejo debe merecer la legitimidad de las mayor parte de la población.

Consecuentemente, el episodio sopesado este año por las FFAA demostró, fácticamente, una vendetta institucional política como respuesta a una acción de Estado, generando perjuicios y desajustes administrativos, disciplinarios, doctrinarios, de imagen institucional y protocolares; situación diferente que, en mi opinión, providencialmente no ocurrió en la policía, puesto que los ascensos en el verde olivo se materializaron sin mayor controversia, inmediatamente culminado el mes de enero.

En consecuencia, este camino iniciado debe privilegiar y ser consecuente, para estructurar entidades de Estado y no entidades de Gobierno, o de una coyuntura política; las instituciones militares y policiales no son más que el pueblo vestido de uniforme, y deben circunscribir sus funciones al imperio de la ley, a la autoridad civil legal y legítimamente constituida, y a la defensa de la sociedad y del territorio. Estas acciones consecuentes deben ser afianzadas y continuadas por los próximos actores políticos, sociales e institucionales, lo contrario sería un retroceso.

El autor es Licenciado en Administración superior en Seguridad pública.