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En su declaración informativa ante la Fiscalía, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ratificó su acusación contra Evo Morales, sus principales ministros y el exvicepresidente Álvaro García Linera como autores y principales responsables del fraude electoral en las elecciones del 20 octubre de 2019.
Mesa, en la audiencia convocada por el Ministerio Público de La Paz para las 14.00 horas de este lunes, y que duró aproximadamente una hora, corroboró ante el fiscal y los investigadores asignados al caso, que el interés de Morales, García Linera y los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; y de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, para consumar el fraude electoral era evitar la segunda vuelta entre los binomios del MAS y Comunidad Ciudadana y perpetuar en el poder a Morales.
Reiteró que su denuncia contra Morales y sus principales colaboradores, persigue tres objetivos: i) sentar un precedente aleccionador e histórico para que nunca más en Bolivia un Presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto popular; ii) se imparta justicia castigando penalmente a los principales responsables del fraude; y iii) se reparen, del patrimonio de los responsables los daños y perjuicios contra el Estado y el pueblo de Bolivia que ascienden a 217 millones de Bs., gastados en las elecciones de 2019.
Según Mesa, el fraude se consumó a través de cuatro delitos
electorales: falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado; obstaculización de procesos electorales; manipulación informática y; alteración y ocultación de resultados. Estos delitos fueron comprobados en los Informes preliminar y final de la Misión de Observación Electoral y en los Informes preliminar y final de la Misión de Auditoría de la OEA y de la Unión Europea.
El también expresidente, que ya presentó sus pruebas junto a su denuncia el 12 de febrero de 2020, declaró que los denunciados cometieron graves irregularidades. Señaló que entre las evidencias más relevantes de esos delitos figuran: falsificación de actas electorales, suspensión dolosa de la transmisión del TREP; alteración y manipulación de datos a través de servidores clandestinos y ocultamiento de resultados a la población.
