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Costos excesivos por entierro
Los familiares de fallecidos con Covid-19 denunciaron que las funerarias cobran montos económicos exagerados por todo un protocolo de entierro que llega hasta Bs 10.000, excesos que fueron calificados de inhumanos por parte de algunos propietarios de estos negocios.
A pesar de que en anteriores días el Viceministerio de Defensa del Consumidor efectuó un operativo de control en estas actividades económicas, donde se pudo advertir las mismas irregularidades en cuanto a los precios en los entierros, donde existió un compromiso de regular estos montos, pero dichas faltas se continúan cometiendo.
Un nuevo trabajo de control por parte de esta unidad de Gobierno se pudo establecer que a pesar de los compromisos, este problema persiste en la urbe alteña, donde un entierro con todos los cumplimientos de los servicios mortuorios no debería sobrepasar los Bs 4.000, pero que dicha inspección logró verificar que inclusive los montos llegan a más de Bs 10.000, precios inalcanzables, por familias humildes que tienen que confrontar estos problemas.
“Este tema de la etapa del Covid-19 está siendo aprovechada por algunos malos dueños de estos negocios, que sin darse cuenta el daño que nos causan a pesar del dolor que llevamos en estos momentos, juegan con este sentimiento que tenemos de perder a un ser querido, por eso pedimos a las autoridades que pongan un mayor control en los precios de todo lo que se refiere a los implementos que ellos emplean para cobrar esos montos exagerados que es mucho”, señaló una de las afectadas.
A pesar de los controles que se hacen por parte de las autoridades en esta ciudad, los propietarios de estas funerarias, a falta de un sentido humanitario, no dudan en aprovecharse del dolor de las familias que necesitan de sus servicios y de esta forma lograr réditos económicos a costa de este tema, es el repudio de la población.
En el momento son 71 funerarias establecidas en esta ciudad, las cuales cuentan con sus documentos legales ante el municipio, pero todavía existen otras que no cuentan con licencias de funcionamiento, aquellas que se encuentran en barrios alejados, a los que deberá llegar este tipo de controles, por parte de las autoridades como es el Viceministerio de Defensa del Consumidor.
Según el artículo 23 de la Ley 453, Ley General de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores establece que las prácticas comerciales abusivas como el aprovecharse de la urgencia o necesidad económica de las personas está prohibido y serán sancionadas por las autoridades competentes, en el marco de la normativa específica.
