Crisis política

El cambio, renuncia y enjuiciamiento de varios ministros y viceministros de Estado en ocho meses del gobierno actual, y el paro con bloqueo de caminos decretado por la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y los auto convocados pidiendo respeto a las elecciones señaladas para el 6 de septiembre de 2020, en caso contrario la renuncia de la presidente, bloqueo ejecutado en más de 100 lugares a lo largo y ancho del país, impidiendo el viaje de miles de personas, el transporte de mercancías y el oxígeno imprescindible para salvar la vida de cientos de niños, niñas, hombres y mujeres que se encuentran en hospitales y centros de salud, hace ver que la administración del Estado se encuentra sin norte, porque no hay autoridad que haga cumplir las leyes; y teniendo presente que el candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho Vaca dirigiéndose a la presidente le dice: “Le anuncio que me veré obligado a convocar al pueblo para rechazar la violencia masista y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”. No hay duda que nos encontramos en una crisis política, porque los gobernantes no gobiernan a sus gobernados y éstos piden la renuncia de sus gobernantes; situación que podría tener graves consecuencias, conforme se pasa a analizar:

El paro y bloqueo de caminos vigente desde el 3 del mes en curso, con enfrentamientos entre bolivianos, detenidos, secuestrados y denunciados de terrorismo y alzamiento armado, en principio calificado de fracaso y “michi bloqueos” --por una lectura política equivocada-- pero difundiendo los hechos graves ampliamente conocidos que no se adecuaban a dicho calificativo; prueban que vivimos una verdadera crisis política con caos e inseguridad.

El anuncio de desbloquear los bloqueos y movilizaciones decretados por la COB, y no hacerlo pese a los reiterados anuncios; también es señal de crisis en la administración del Estado por parte de los gobernantes, crisis que políticamente hablando equivale a decir que el Estado está sin rumbo, como si no hubiera leyes que cumplir y no hubiera demócratas que quieran elecciones para una Bolivia unida y próspera, pese a los disconformes que son parte de la sociedad y humanidad, al respecto sería útil leer “Los disconformes” de Irving Wallace, conocidos también como personas tóxicas.

La convocatoria al “diálogo por la vida” hecha por la presidente, para “ratificar el día de las elecciones y la suspensión del bloqueo en las carreteras”, sabiendo que unos exigen elecciones para el 6 de septiembre y la renuncia referida, y otros para el 18 de octubre, con sus propios argumentos, puntos de vista, e intereses ocultos; hacía ver que tal convocatoria no sería el camino del éxito y fracasaría, por considerarla innecesaria unos y una burla y trampa otros. Hecho que vuelve a mostrarnos una crisis política, porque el diálogo referido no solucionó el problema político ni electoral que vivimos.

Las amenazas para denunciar, procesar y meter en las cárceles, por terroristas y genocidas, a los autores materiales e intelectuales del paro referido, y la posterior convocatoria al “diálogo por la vida”, sin resultados concretos; son hechos contradictorios difíciles de creer que hacen desconfiar. Situación que también nos hace ver que la crisis política es real y está vigente.

El órgano Legislativo y el Electoral con la intención de pacificar el país habrían acordado fijar las elecciones generales 2020 mediante una nueva Ley, al parecer entendiendo que la Resolución TSE-RSP-ADM Nª 0187/2020 de 23 de julio de 2020 del Tribunal Supremo Electoral, que fija la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020 con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre, no puede estar por encima de la Ley 1.304 que señala las elecciones generales para el 6 de septiembre de 2020 y está vigente porque no fue derogada ni abrogada por ninguna otra ley; empero, hasta el presente no se llegó a concretar dicha intención. Y si se realizaran las elecciones con la Resolución referida, los perdedores podrían demandar su nulidad, y la crisis política sería mucho más grave que la crisis actual. Ojalá no sea así.

La única solución para la crisis política que nos ocupa es fijar elecciones mediante una nueva Ley que derogue a la 1.304, y elegir al candidato que muestre su práctica de la verdad, reproche de la mentira y disposición de cumplir y hacer cumplir la Ley, lo cual demanda un alto sentimiento espiritual patriótico, que obligaría a leer “El camino del cielo” de Manly Palmer Hall, que pasando por los sentimientos espirituales y sus consecuencias, nos invita a buscar la realidad.

Armando Aquino Huerta es abogado.