Van más de doce días de bloqueos con tomas de poblaciones, secuestros, asaltos a los productores y transportistas, daños a la propiedad privada, a los bienes del Estado y pérdida de vidas inocentes por falta de equipo de salud y oxígeno; ¿acaso esto no es suficiente para que las instituciones llamadas por ley procedan a la pacificación y controlen el país? El problema actual es que las instituciones del Estado si bien no son fallidas, pero son instituciones tullidas; no actúan en oportunidad y no son eficaces, dejando crecer al delito por la impunidad que les permite la pasividad. El Ministerio Público debió actuar de oficio en la persecución del delito, mediante dos acciones concretas, una de ellas es: “plantear acusación pública por los delitos cometidos; los mismos que son perseguibles de oficio”, y la otra acción es: “decantarse absolutamente hacia la protección de los intereses de la sociedad, así como por la defensa del Estado de Derecho sin inclinarse por los resultados políticos”. Son 17 delitos según el Código Penal, cometidos por los altos dirigentes del MAS, su militancia y afines, organizados en dos órganos: un órgano de dirección y otro órgano de ejecución de operaciones. Estos delitos son: Sedición; Conspiración; Seducción de tropas: Evo Morales afirma que cuenta con militares patriotas; Terrorismo; Genocidio: Por haber ocasionado más de 30 muertes en los hospitales por falta de oxígeno que fue retenido por los vándalos; Incendio y otros estragos; delitos contra la Salud Pública y otros delitos que alteran el estado de bienestar somático, físico, psicológico y social, por las acciones terroristas de los grupos delictivos desplegados en todo el territorio nacional.
Bolivia debe reencaminar su futuro y será difícil porque no hay orden político capaz de producir valores y porque en la aparente universalidad tolerante, se deja el campo libre a todas las imposturas. Todas las instituciones están absolutamente frágiles, si bien hemos edificado un Estado a lo largo de 195 años, pero están fallando los cimientos, es así que primeramente debemos volver a las fuentes del orden institucional que se desvanece de a poco y buscar acuerdos sobre principios universales del derecho natural, para afianzar el derecho positivo; y el otro camino a seguir es contemplar la realidad de frente, para redactar un pacto social hasta donde se pueda, para hacer frente a los peligros que amenazan al Estado y salvar lo que pueda ser salvado de la democracia, soberanía y libertad; evitando caer en el mismo conformismo que no sabe con qué conformarse. Mientras tanto el Estado debe garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y protección e igual dignidad de las personas, conforme al art 9.2 de la CPE.
Jorge Santistevan Justiniano es abogado, docente universitario.
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