Lucha entre ciudad y campo

Una intensa lucha política entre ciudad y campo se produce en Bolivia en el curso del presente año. Es la lucha por el poder entre la población urbana y la población rural, la misma que si bien en otros tiempos se debía a cuestiones cotidianas, ahora está llegando a niveles de violencia, sin tomar en cuenta los conflictos de otros tiempos, cuando los indígenas sublevados incendiaban el campo, cercaban, invadían y se apoderaban de las ciudades, como La Paz, y se imponían con acciones de fuerza de magnitud.

Ese fenómeno social se está produciendo en estos días con características bien definidas y es parte de la situación social originada desde principios del presente siglo. Los campesinos e indígenas de algunos distritos provinciales se movilizan contra las ciudades, tratando de crear las condiciones para un golpe de Estado, mientras las ciudades y en particular La Paz, se aprestan para defender no solo sus valores físicos, sino también políticos.

Desde principios del siglo presente, el movimiento indígena se movilizó en torno a la producción de coca y llegó a tomar el gobierno del país, humillando y poniendo bajo su férula a los sectores urbanos sociales altos, de clase media y obreros de las ciudades. Pero su dirección se vio sobrepasada y para mantenerse en el poder llegó a la dictadura populista de la cual fue expulsada por un movimiento social urbano en noviembre del año pasado. Se trató innegablemente de una lucha entre la ciudad y el campo. Es más, ese estado de cosas se prolongó durante catorce años, pero, entonces, se derrumbó aparatosamente y sus dirigentes ahora se encuentran en el exilio tratando de repetir los procedimientos de tiempos pasados.

En efecto, en semanas recientes, los millonarios dirigentes indígenas bien acomodados en Argentina han ordenado la movilización de las masas indígenas para crear una insurrección urbana en La Paz y el campo con la esperanza de derrocar al gobierno vigente y sustituirlo con los jilakatas y dirigentes “sindicales” que dicen representar a las masas rurales. Esa acción ha puesto al país en tensión, provocando una crisis política de proporciones y alcances no difíciles de prever. Se trataría, además, de un enfrentamiento racista originado en la irracionalidad de algunos caudillos regionales.

Pero esa lucha actual y abierta entre la población de las ciudades y el campo, acaudillada por el círculo de los cocaleros millonarios, está destinada a fracasar, a no ser que los gobernantes actuales pierdan los cascos y provoquen un gran desbarajuste.

Se debe recordar al respecto que en las luchas sociales las poblaciones rurales nunca arrastran en sus luchas a las poblaciones urbanas y que, por lo contrario, son los sectores urbanos los que arrastran a los sectores rurales, diferencia que debe ser muy tomada en cuenta por los gobernantes. Eso por un lado. Pero, por otro, lo que principalmente se debe tomar en cuenta es que, a diferencia del pasado, la población rural del país ya no es de 75% de indígenas o campesinos, sino de alrededor del solo el 30%, mientras la urbana es de alrededor del 70% o más, dato estadístico importante a tomar en cuenta para cualquier evaluación política o sociológica.

Esos dos aspectos tuvieron máxima importancia en los sucesos del año pasado que culminaron con la fuga de Evo Morales, García Linera y compañía y sus alienados palafreneros. En efecto, fue la población urbana mayoritaria la que recuperó el poder y expulsó del gobierno a la minoría cualitativa y cuantitativa campesina y no por razones étnicas sino por su peso histórico y político natural.

En ese sentido, la actual lucha entre la ciudad y el campo está destinada a dar la victoria a la población urbana. La masa campesina no tiene condiciones cualitativas ni cuantitativas para obtener una victoria, a no ser que los gobernantes del sector urbano pierdan la cabeza al dejar de tomar en cuenta la perspectiva histórica y la lucidez política.