Falta de jueces disciplinarios incrementa casos de corrupción

La corrupción en el Tribunal Departamental de Santa Cruz se incrementó los últimos meses debido a que, hace más de un año, no existen jueces disciplinarios que atiendan las denuncias contra estos funcionarios, denunció a EL DIARIO la abogada Margarita Medrano.

“Pese a que se presentan denuncias con suficiente prueba, estas no prosperan porque no hay jueces disciplinarios, hace más de un año, así que como no existe sanciones, los jueces y vocales pronuncian resoluciones cometiendo faltas graves y gravísimas, incluso delitos porque saben que nadie puede hacerles nada”, dijo.

Lamentó que el Consejo de la Magistratura, cuyas funciones son nombrar y ratificar jueces, además de procesar disciplinariamente a estas autoridades, entre otras, se haya convertido en una entidad que no aporta, ya que no cumple una sola de sus tareas.

“Ellos están encargados del seguimiento y cumplimiento de las funciones de los funcionarios judiciales, de que no existan asientos judiciales sin jueces, sin embargo, en el municipio de Warnes, hace más de dos años que no tiene juez y si no los nombran, no es porque no exista postulantes, es porque estos puestos se venden, así está la administración de justicia en manos de corruptos a los que es necesario identificar con pruebas”, apuntó.

ABUSO DE PODER

Asimismo, la jurista aseguró que la corrupción en la Fiscalía incrementó, toda vez que los fiscales no respetan las normas y hacer uso “abusivo” de poder, poniendo condiciones irracionales para sentar una denuncia.

“Actualmente la corrupción en la Fiscalía se ha incrementado, es totalmente descarada, ya no existe un respeto a las leyes ni a los derechos constitucionales, hacen un abuso de poder exagerado y se han puesto un montón de candados para que se les pueda sentar un denuncia, es decir denunciarlos es prácticamente imposible, y después de mucha insistencia, se logra la apertura de procesos administrativos donde se los sanciona con el 10 % de su sueldo frente a faltas graves y gravísimas, aun en contra de las sanciones previstas en su Reglamento Disciplinario”, refirió.

Asimismo, aseveró que quien se atreve a denuncia a los fiscales recibe hostigamientos.

JUICIO

Desde el año pasado, la Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados lleva adelante un proceso contra los Consejeros de la Magistratura, por denuncias en su contra, debido a la designación “irregular” de más de 190 jueces, supuestos cobros por “pegas” y actuaciones al margen de la ley en el ejercicio de sus funciones.

Los denunciados son los consejeros Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel, además de Karen Gallardo, Georgina Amusquivar, entre otros.

El diputado Víctor Borda, refirió a EL DIARIO que los consejeros, Gómez y Alcón, plantearon más de diez incidentes, mismos que fueron rechazados y apelados, por lo que el caso se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos, quienes deben resolver la apelación.

“Esta en consideración esos recursos, algunos ya han sido resueltos y se ha ratificado lo que ha resuelto la Comisión de Constitución. Lamentablemente hay una resolución que ha sido emitida, suspendiendo todos los juicios y los plazos procesales, debido a que algunos imputados no tienen su residencia en la ciudad de La Paz, sino en Santa Cruz, Sucre u otros lugares, y se les hace imposible trasladarse de un lugar a otro”, dijo.

En ese marco, manifestó que espera que en el transcurso de la próxima semana la comisión se pueda reunir para seguir con el proceso, suspender a los consejeros y que sigan corriendo los plazos procesales.

“Son tres denuncias contra los consejeros, el proceso que está más avanzado es el juicio de responsabilidades por la designación de jueces y vocales del Órgano Judicial, estamos en la etapa de imputación formal”, refirió.

Los tres consejeros de la Magistratura fueron denunciados por supuestas irregularidades en la designación de 190 jueces y presuntos cobros para el nombramiento de postulantes que no cumplían con los requisitos y perfiles.

La denuncia señala que nombraron a postulantes denunciados, con procesos penales y algunos con medidas cautelares de detención domiciliaria.

La diputada Norma Piérola, en entrevistas anteriores, reveló que según una denuncia contra los consejeros, los presuntos sobornos y cobros de cerca de $us 1,5 millones por la venta de cargos, incluso habrían favorecido al exministro de Justicia, Héctor Arce.

Las magistradas Karen Gallardo y Georgina Amusquivar fueron denunciadas por el despido presuntamente injustificado de una persona con discapacidad.