La Reina reina pero no Gobierna. Es la ciencia política que desde el pensamiento político y las teorías del Estado nos develan aquellos atisbos de crisis desde la propia cuna del constitucionalismo europeo a partir de las formas de gobierno monárquico-parlamentarias; donde a pesar de la existencia de un linaje progenie no gobiernan sino a través del ejercicio del poder de la soberanía del pueblo que reside en un parlamento y en sujeción a una Constitución. Situaciones de crisis que trascendieron en la historia y desde luego trascienden en Bolivia como crisis: política, sanitaria, institucional y democrática a pesar de nuestro particular momento de “sucesión-transición”.
Cual embrión concebido hace nueve meses, se tuvo un momento único para registrar en la historia otro hito de cumplimiento del mandato constitucional que tiene un gobernante no elegido y transitorio para convocar a elecciones generales tras: el vacío de poder, renuncia y la segunda huida presidencial del país (desde la reconquista a la democracia) emergente de una crisis política empañada por un caso de presunto “fraude electoral” que aún se investiga. Pero pudo más el interés personal electoral por el mandato popular-constitucional.
Tocó afrontar la crisis sanitaria, pero improvisaron medidas cuyas acciones hoy generan cifras que bordean los 100 mil contagios y casi 4 mil decesos por falta de respiradores que nunca llegaron, caso que siguen investigando por presunta corrupción.
Pasamos también el afronte entre órganos de poder que dieron pie a la crisis institucional en la pugna de quién tiene "la sartén por el mango" y en el intento de dar instrucciones de un poder a otro: los frenaron en seco.
El ejercicio del derecho a la protesta no debe vulnerar otros derechos, y si esta medida restringió el paso de insumos médicos para la atención pandémica; es un hecho lesivo atentatorio contra los Derechos Humanos, si además se advierte la presencia de subversivos mostrando armas y otros vándalos que a título de resistencia atentan contra la libertad de prensa y la seguridad integral de estantes y habitantes de nuestro país generando zozobra; estos sucesos se debe investigar y sancionar con todo el rigor de la ley penal sin presiones políticas.
Claro que tiene derecho a ser “presidenta-candidata” y es probable que el pueblo le ajuste una factura electoral en las urnas ante el mal cálculo, pero están ya muy deslegitimados. El diálogo tiene varios actores e intermediarios y es deber de los órganos de poder concertar y resolver esto que advertimos como crisis democrática y tiene indudablemente un alto riesgo para el Estado. Si se desborda el conflicto es natural que la sombra de la presidenta del Senado que es a la vez Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional y Vicepresidenta de la República en ejercicio de funciones; encamine su destino a esa silla presidencial de la que nadie, una vez llegando, se quiere mover.
El autor es Abogado y Periodista.
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