Mr. Thomas Becker no pudo ver todo

Un artículo enviado desde Washington, publicado en El País (España) el 6 del mes en curso, firmado por Sonia Corona, da cuenta: “un estudio de Harvard señala al Gobierno interino de Bolivia por violaciones de derechos humanos. El informe de la Clínica de Derechos Humanos de la universidad estadounidense denuncia la violencia estatal, la censura y el patrocinio a grupos paramilitares por parte de la Administración de Jeanine Áñez. A tan solo unos días de asumir la presidencia interina usó las fuerzas policiales para acallar protestas en varias ciudades del país y, desde entonces, su Administración ha violado sistemáticamente los derechos humanos de algunos bolivianos”. Esta es la conclusión del reporte ‘Nos dispararon como animales’: noviembre negro y el Gobierno interino de Bolivia.

El reporte documenta -indica- dos manifestaciones apenas unas horas después de que Áñez asumiera la presidencia interina. El 15 de noviembre, municipio de Sacaba, en la zona cocalera del Chapare, en la que 11 civiles murieron y 120 sufrieron heridas; y otra protesta el 19 de dicho mes en el distrito de Senkata, en la ciudad de El Alto, en la que fallecieron 11 personas y 50 resultaron heridas. Los fallecidos como los heridos eran civiles desarmados, de origen indígena, fueron atacados por policías y militares. “Desde el primer día hubo indicios de una conducta autoritaria”, cuenta Thomas Becker, uno de los investigadores. “Se han producido violaciones de derechos humanos contra la población en Bolivia. El Gobierno ha reaccionado violentamente contra los que se oponen a Áñez, los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), del ex presidente Morales. El Estado ha patrocinado a grupos de civiles, conocidos como motoqueros, para agredir a sus simpatizantes. Las investigaciones judiciales padecen obstrucción y la libertad de expresión ya no está garantizada en el país, tras diversas agresiones a periodistas críticos del Gobierno. Desde noviembre de 2019 al menos 100 políticos del MAS fueron detenidos, mientras se mantiene bajo investigación a 600 ex funcionarios de esa Administración. Un ejemplo es el caso de los seis colaboradores de Evo Morales que permanecen refugiados en la Embajada de México en La Paz, a la que la policía boliviana no ha dejado de vigilar desde finales del año pasado.

“Becker -dice- lleva más de 15 años estudiando las condiciones de derechos humanos en Bolivia, fue uno de los promotores del juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos”. Él clama “las agresiones por parte del Gobierno de Áñez no tienen precedentes desde que el país latinoamericano es una democracia. No nos importa a nosotros si el Gobierno es de derecha o de izquierda, no pueden matar civiles, no pueden llevar a la cárcel a personas que tienen un punto de vista distinto, no pueden cerrar estaciones de radio y televisión porque los critican, y este es el tipo de conducta que están mostrando”.

Pues bien, quince años siguiendo la situación de los derechos humanos en nuestro país y no haber tenido una visión más amplia sobre ella le resta prestigio a Becker: ¿cómo no vio el atropello a la libertad de expresión en el pasado régimen, el acoso feroz y la asfixia a varios medios; investigaciones judiciales amañadas; periodistas agredidos frente a sus propios colegas; un senador opositor “recluido” por más de un año en una embajada; marchas de terror y atropellos contra la población, etc. Si no pudo advertir todo ello, menos pudo hacerlo sobre los últimos bloqueos de caminos para dejar sin alimentos, medicinas, oxígeno, y otros, a las urbes, y lograr que alguna viva sumergida en toneladas de basura en plena pandemia sanitaria. Ahora, que todo gobierno no es de “angelitos”, no deja de ser cierto, por lo que deplorablemente el pueblo siempre estará expuesto a las veleidades y trapacerías de “izquierdistas” y/o “derechistas”.