Según periodista español
> El abogado Eduardo León asegura que la Fiscalía debe iniciar una investigación de oficio, ya que se habría cometido un conjunto de delitos
El periodista español Alejandro Estrambasaguas reveló una conversación de WhatsApp entre el presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, y la presunta pareja de Evo Morales, Noemí M. El representante universitario fue parte del proceso de calificación y evaluación de postulantes para Fiscal General del Estado en 2018, cuando se designó a Juan Lanchipa en el cargo.
El periodista de OkDiario, que accedió a un informe de la Policía Boliviana, manifestó que en el registro telefónico de la presunta pareja de 19 años del expresidente Morales aparece un tercer implicado que sería el presidente de la CUB y afiliado al Movimiento al Socialismo (MAS) desde junio de 2018, Max Mendoza.
“Llama poderosamente la atención que Mendoza esté afiliado a un partido político, ya que, precisamente el objetivo y la obligación de su trabajo es mantener la neutralidad en las universidades y así evitar que las aulas se politicen”, escribió el español.
De acuerdo con la investigación, Mendoza se contactó con Noemí porque quería llegar a Evo Morales, “lo que significa que el responsable de las universidades en Bolivia sabía que existía un vínculo entre ambos. De lo contrario hubiera sido ridículo haber recurrido a una niña de tan sólo 19 años para llegar a hablar con el expresidente boliviano”, escribió el periodista.
El presidente de la CUB escribió a Noemí el pasado 9 de abril de 2020: “Buenas noches, compañera. Mi nombre es Max Mendoza. Soy presidente de la CUB. Quiero hablar con el jefe”. Estos mensajes no tuvieron respuesta hasta tres días después, cuando Noemí le respondió: “Buenas noches, compañero. Discúlpame, ya no estoy en Buenos Aires. Comunícate con su secretaria Lourdes”. Seguidamente, Noemí envió a Mendoza el teléfono de la asistente personal de Evo Morales.
OkDiario se puso en contacto con Max Mendoza para conocer su versión de los hechos y para preguntarle si conocía la presunta relación entre Evo Morales y Noemí, pero cuando escuchó el nombre del periodista colgó el teléfono indicando que estaba ocupado.
EVALUACIÓN
El 26 de julio de 2018, el sistema universitario designó a Juan Justo Roberto Borges, presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades y rector de la universidad de Potosí; Rodrigo Rodríguez, representante de la Confederación de Docentes Universitarios; y a Max Mendoza, presidente de la CUB para que observen el proceso de evaluación y calificación de los postulantes al cargo de Fiscal General del Estado.
En esa oportunidad el senador de Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez afirmó que la presencia de Mendoza no garantizaba una elección transparente, porque era parte de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), bloque que agrupa a organizaciones sociales afines al MAS.
En la oportunidad, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, manifestó que la designación de Mendoza era “una decisión del Sistema Universitario”.
FISCAL GENERAL
En las últimas semanas, las redes sociales se inundaron de comentarios en contra del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sobre la inacción en varios actos delitos como los bloqueos de días pasados que provocaron la muerte de más de 40 personas o los presuntos delitos en los que habría incurrido el expresidente al mantener relaciones con una menor.
Al respecto, el abogado Eduardo León, en contacto anterior con EL DIARIO, manifestó que el Ministerio Público debería iniciar de oficio las investigaciones contra Morales, de lo contrario el fiscal general Juan Lanchipa estaría actuando en grado de complicidad y encubrimiento.
“La obligación constitucional corresponde a la Fiscalía y a las Defensorías de la Niñez, porque ellos tienen mandato expreso de la Constitución y las leyes de las cuales no pueden abstraerse, siendo que los delitos son de orden público y la sanción penal podría llegar incluso hasta los 30 años, de comprobarse violación, por el solo hecho de que se trata de una menor de edad, aspecto que se encuentra tipificado en el art. 308 y 310 del Código Penal”, dijo.