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Guerra sucia en redes
Por los constantes y reiterados ataques en contra de figuras políticas, líderes sociales, medios de comunicación e incluso trabajadores de la prensa en las denominadas redes sociales, que sirven de plataforma para todo tipo de agresiones perpetradas por usuarios dedicados al ataque calumnia y desprestigio de quienes manifiesten un determinado pensamiento político e ideológico. Se señala a grupos afines y financiados por el Movimiento al Socialismo como los principales organizadores de estos actos de acoso.
En el ámbito nacional, los tristemente célebres “guerreros digitales”, un grupo de jóvenes cibernautas que durante el gobierno de Evo Morales fueron financiados con recursos el Estado para copar los espacios digitales y las redes sociales con el fin combatir y amedrentar a los usuarios que denunciaban las irregularidades del régimen masista, continúan amedrentando a sus contrarios políticos y a los medios de comunicación.
Al caer el gobierno de Morales, se descubrió que este grupo de choque en redes percibía salarios como empleados públicos destinados a otras áreas, y otro tanto era financiado a través de aportes “voluntarios” de empleados públicos, sumado al uso privilegiado de infraestructura estatal al que tenían acceso.
El carácter agresivo con los que operan estos cibernautas que responden y acosan a personas y a medios de comunicación con el fin de intimidar a los responsables de estas cuentas, muchas veces ha llegado al grado de las difamaciones y calumnias, sin mencionar que muchas veces se llegan a verter amenazas de agresiones físicas.
Al respecto, el vocero de la alianza Juntos, José Luis Bedregal, manifestó se debe ser preciso en poner nombre y apellido a estas personas, pues son militantes del Movimiento al Socialismo los que continúan en actos de amedrentamiento en contra de quienes piensan diferente.
“Esta gente sabe en qué círculos se mueve uno, sabe dónde es el domicilio de una persona, saben de los familiares cercanos. No es un tema de algún gracioso o algún irresponsable estas son acciones debidamente organizadas y planificadas”, refirió.
Comentó que en su familia se produjo un caso de acoso y amenazas en contra de uno de sus miembros, el hecho ocurrió durante las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, después del fraude cometido por el MAS. Las cuentas que manifestaron abiertamente amenazas, conocían con detalle la dirección del domicilio, el centro de estudios y hasta los horarios de quien amedrentaban, lo cual preocupó a todo el entorno familiar, mencionó Bedregal.
Lamentó que este tipo de amedrentamientos continúen y más en contra de medios de comunicación que tienen como misión principal, la de informar a la sociedad con la mayor imparcialidad posible.
“Periodistas, políticos, medios de comunicación que son críticos al exrégimen son los blancos preferidos de estas agresiones, porque son las acciones que han venido ejecutando desde las redes sociales de manera consistente y permanente durante el gobierno del MAS, no son hechos aislados. Tenemos que actuar con mucho cuidado y tomar las medidas de seguridad necesarias”, sostuvo.
Señaló que es lamentable que a nivel estatal se tengan limitaciones para controlar este tipo de actos en contra de la libertad de expresión, y más cuando aún existe una especie de control de ciertos niveles del Estado como el Ministerio Publico, que continúan bajo el poder de una organización política.
AGRESIONES VANDÁLICAS
Por otro lado, la diputada representante del departamento de Chuquisaca, Lourdes Millares, señaló que existen altos niveles de intolerancia en redes sociales cuando se exponen determinados conceptos que no son compartidos por ciertos grupos de usuarios.
“Cuando determinada investigación periodística o determinada publicación no le gusta a alguien o afecta los intereses de alguien. El código penal establece claramente el delito de difamación como parte de figuras legales las cuales se puede recurrir a partir de una denuncia” manifestó.
Puntualizó que como Estado, lastimosamente no contamos con los mecanismos de investigación y averiguación necesarios para lograr ejercer un control suficiente sobre las redes, y que las instancias llamadas a atender las denuncias que se presenten por afectaciones a la integridad, el derecho a la imagen, la vida y la honra de las personas que son atacadas en redes sociales, no son suficientes para la cantidad de denuncias que se tendrían que resolver.
Señaló que una posible solución a estas agresiones podría producirse mediante modificaciones a nivel del código penal, que se encarguen de normar o castigar este tipo de actitudes que se pueden considerar como vandálicas.
“Tanto los medios de comunicación, los trabajadores de la prensa y periodistas deben denunciar ante instancias legales para que se inicien procesos legales, para que se inicien procesos. Porque en Bolivia está garantizada la libertad de expresión, también está garantizado el derecho a la imagen propia, a la intimidad, la dignidad y a no recibir ningún tipo de violencia”, manifestó la legisladora.
Añadió que cuando se producen estos ataques en contra de medios y periodistas, además de la ciudadanía en general, estas amenazas e intimidaciones están incurriendo en un tipo de violencia, por tanto es fundamental que se denuncie.
Señaló que desde las organizaciones políticas se debe analizar y repensar el hecho de que no se puede construir democracia en base a la intimidación, el amedrentamiento y el desprestigio de los que piensan diferente. “Las ideas deben ser comprendidas como ideas en un escenario de respeto a los derechos y por sobre todas las cosas en lenguajes que sean apropiados y no denigren la dignidad de las personas”, finalizó.
