En la historia parlamentaria de las naciones, con seguridad hubo y hay situaciones especiales: unas, que son jocosas y motivo de juego; otras, inverosímiles por lo raras y, algunas --pocas seguramente-- que son ajenas a la lógica, al buen sentir y pensar de la gente y son pasables y hasta disculpables por la colectividad que juzga la conducta de los parlamentarios. Pero en las cámaras legislativas se ha presentado un caso raro, insólito, absurdo y hasta disparatado que va en contra del sentir mayoritario de los bolivianos: parlamentarios masistas a pesar de que las huelgas y bloqueos tanto daño han causado al país y no han dejado resquicio alguno de justificación, presentaron un proyecto de ley para reconocer inmunidad e impunidad a quienes han sido autores de los bloqueos y daños causados a la nación.
Semejante propuesta ha escandalizado al pueblo porque nadie concibe que vulgares delincuentes pretendan que sus delitos sean considerados legales y hasta favorables a los pueblos. La condena del país es general y ha tenido repercusión en medios de comunicación foráneos que no conciben semejante pretensión que sobrepasa cualquier límite y el criterio general ha sido, durante los días que duró el crimen, de apresar y sancionar enérgicamente a quienes hayan sido autores intelectuales y materiales de tanto atentado contra el país, porque se ha destruido carreteras, se usó explosivos para desmoronar cerros aledaños a los caminos y carreteras con objeto de que obstruyan todo paso, no solamente de vehículos sino de personas. Y es que, en el entender de los autores, el gobierno tenía que someterse a su voluntad, es decir, hacer lo que la delincuencia había decidido. La destrucción de caminos y otros, destrucción total de mercaderías que transportaban los camiones y el sometimiento a las ciudades al no contar con alimentos hasta el extremo de tener que cerrar mercados, ha causado grandes y graves quebrantos económicos, afectando a la salud de la población, incidiendo gravemente en la salud de enfermos que se vieron privados hasta de tubos de oxígeno que no podían ser transportados hasta hospitales y clínicas. Por esa razón varios murieron, por falta de oxígeno tan primordial para tratar cualquier enfermedad y mucho más a los afectados por la pandemia.
Los daños causados por los bloqueadores que demandan inmunidad para sus delitos son cuantiosos, porque no solamente ocasionaron serios perjuicios al país, sino que su conducta determinó la muerte de muchos enfermos, la multiplicación de contagios y decesos por varias enfermedades. Algunos por falta de oxígeno no pudieron ser operados o recibir la atención debida. Los daños económico-financieros son múltiples y su cuantificación requerirá mucho trabajo de auditoría e informes de los afectados; la carencia de alimentos en diversos sitios ha sido notable y los problemas causados a quienes reclamaban por haber sido obligados a bloquear son muchos.
Es toda esa gente miserable que pretende inmunidad e impunidad para sus delitos; son ellos que buscan sentar precedentes para que cualquiera cometa todo tipo de crímenes, desde robos y hasta asaltos, destrucción de bienes públicos y atentados contra la vida y seguridad de la población. Es, pues, reprochable y condenable la conducta de quienes, creyéndose parlamentarios, buscan justificar y olvidar lo ocurrido y dejar sentadas posibilidades para que, impunemente, cualquiera pueda cometer hasta los peores delitos. Todos ellos merecen ser incluidos en los juicios penales a que deben ser sometidos los delincuentes bloqueadores y ser sancionados drásticamente conforme a lo que establecen las leyes.
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