Hacia un gobierno de conciliación nacional

Definida la fecha (“inamovible”) de las elecciones generales -l8 de octubre de 2020-, se han aquietado las reacciones políticas y laborales concordando en que, finalmente, hubo definiciones que permitan vislumbrar tiempos de tranquilidad en el país; sin embargo, para la mayoría del pueblo, consciente de lo ocurrido con las elecciones de octubre de 20l9 y, mucho más con la confirmación de fraude cometido por el candidato oficial y las pruebas terminantes y definitivas aportadas por la OEA luego de auditorías meticulosamente llevadas a cabo, se teme que pudiesen surgir intentos para cometer nuevos fraudes o hechos que signifiquen frustración a la voluntad popular con la aparición de ánforas llenas de votos del candidato del MAS, partido que desde el año 2006 sostuvo permanentemente que ese partido, integrado por campesinos, indígenas y originarios, al ser gobierno tienen derecho a permanecer indefinidamente en el poder de la nación sin que haya nada que cambie esa posición porque para cumplir con ese extremo cuentan inclusive con un Padrón Electoral conformado desde hace muchos años y manejado a discreción de su partido para todo proceso electoral, un Padrón que le asegura más del 50% de la votación a su candidato. Estos y otros antecedentes aún pesan en quienes asistan a los recintos electorales.

En vista de las dudas y desconfianzas de la colectividad y de acuerdo con la conducta que demuestran los candidatos, con miras a celebrar elecciones límpidas, confiables y libres de toda sospecha de fraude, lo que correspondería hacer, dentro de marcos de buena fe, de apego a la democracia, de amor y respeto al país sería convenir en acordar los siguientes pasos trascendentales que honren a la política partidista y a la institucionalidad:

l.- Que renuncien todos los candidatos, empezando por la señora Áñez que quedaría con el ejercicio de la Presidencia de la República.

2.- Que entre todos los candidatos renunciantes nombren a un único candidato entre los que sean más idóneos, capaces y dignos de confianza y que, sobre todo, cuenten con el apoyo del pueblo y, además, que designen a quien pueda ser candidato para Vicepresidente.

3.- Que, conjuntamente los candidatos renunciantes, sus partidos, las instituciones democráticas, la Iglesia Católica, representantes de la prensa y de las universidades, con la lógica participación del gobierno presidido por la Dra. Áñez, se conforme un gobierno de conciliación o unidad nacional que conduzca los destinos de la nación y, además, que convoque a elecciones generales para los primeros meses del próximo año debido a que las fijadas para el l8 de octubre no sean posibles debido a la expansión del virus que podría causar más contagios y muertes.

4.-Miembros del Legislativo, cuyo mandato finalizó en enero, podrían adherirse al acuerdo haciéndose parte de la misión patriótica que permita llevar a buen término un proceso electoral digno y confiable.

Tendría mucha validez y connotación la renuncia de los candidatos a su postulación (tal vez única en la historia del país) en pro de la pacificación total, de conciliar criterios e intenciones en aras de los intereses supremos de la nación, a fin de evitar mayores confrontaciones, restar posibilidades al terrorismo y a quienes buscan convulsionar y crear condiciones para una guerra civil de imprevisibles consecuencias.

Por principio, la política -base sustantiva de la democracia – me merece respeto y consideración; igualmente los candidatos (incluidos los que “juegan a las elecciones” sin méritos ni condiciones idóneas) porque seguramente buscan borrar con las nuevas elecciones la mancha inferida al país con los resultados fraudulentos del proceso de octubre de 20l9 y que son imputables, en su integridad, a quien actuó dictatorialmente por casi l4 años en el manejo discrecional y arbitrario de la nación.

Finalmente, dadas las experiencias, surgiría en la colectividad el deseo de que el gobierno de conciliación, presidido por la Sra. Áñez, trabaje con decisión, energía y apegado a las leyes, especialmente en el respeto a los derechos humanos en la guerra contra la corrupción, el narcotráfico, el nepotismo y contra todo lo que signifique vulneración de la Carta Magna y las leyes.