La seguridad pública en vilo por el peor de los bloqueos

A partir del terrible intento de quiebre de la cautiva democracia, generado por el fraude electoral y la resistencia violenta a dejar el poder en contra de la masiva voluntad popular, que no toleró mas el abuso y opresión, logrando una sucesión constitucional, instaurándose un periodo de transición democrático de cara a la consolidación de las elecciones nacionales, irrumpido insuperablemente por la pandemia del covid-19. Es una circunstancia tan desafortunada para un país como Bolivia, donde nuestras limitaciones económicas y sobre todo políticas, generaron un caldo de cultivo para el asedio a la seguridad pública, en tanto estabilidad general, en términos de gobernabilidad y la administración general del Estado, visualizado muy dúctilmente por grupos de hábiles bloqueadores.

Poniendo en contexto los alcances de la seguridad pública, diremos que es la función garantizadora que todo Estado debe entregar a sus habitantes, asegurando su tranquilidad y paz social, sosteniéndola libre y exenta de todo daño, riesgo o peligro que afecte directamente el normal ejercicio de los deberes y derechos de gobernantes y gobernados. Necesariamente aclarando que esta responsabilidad del Estado se desagrega en sus órganos de poder, de administración y en sus niveles descentralizados, descartando de plano que solo es una competencia y responsabilidad final del ejecutivo, como erróneamente todos lo aprecian así. En consecuencia, es pertinente efectuar consideraciones respecto al desajustado desempeño corporativo de los dos tercios de mayoría legislativa, que en lugar de conformar un estamento de certidumbre y de esperanza, se constituyen hoy en una vil trinchera de resistencia a la decisión popular, un mecanismo de presión y bloqueo al ejecutivo, sector parlamentario que incongruentemente es solventado por los contribuyentes.

Está claro que el rol legislativo es parte de los contrapesos y equilibrios imperfectos en todo sistema político de gobierno en democracia, aplicar para fiscalizar, consensuar, debatir, perfeccionar propuestas, modificar proyectos, etc., y lógico, legislar para beneficio de la sociedad, ya sea complementando la legalidad en las políticas públicas, en la administración en general, en las relaciones internacionales, otro, etc. Pero la distorsión operada por los legisladores prorrogados en sus funciones por una norma legal de carácter transitorio, ha puesto de manifiesto una clara evidencia de lo que no se debe hacer con el delicado rol legislativo, más aún en esta situación de calamidad sanitaria, lo cual fue muy bien reflejado por el importante rol de la prensa, casi en su totalidad; veamos algunas acciones en tal sentido:

Atribuirse con discurso desafiante, envalentonado y jurídicamente con sustento muy tenue, la titularidad de la presidencia de la Asamblea Legislativa, para operar las competencias de promulgación de leyes, reflejando unilateralidad de visión, como con la ley que reduce al 50% el pago de los arriendos en casas, departamentos y negocios, sin análisis integral de la problemática en prospectiva; ley redundante e innecesaria sobre la seguridad laboral; ley que posterga la modificación de fecha de las elecciones avasallando competencias de otro poder del Estado, como nos tenían acostumbrados y además hoy como amenaza normativa; traba a la ley de créditos y posterior condicionamiento a su aprobación, para la sancionada ley del bono contra el hambre de 1.000 Bs, que a más de duplicar el monto, multiplicará el impacto a futuro; ley de diferimiento de pagos y créditos y servicios básicos, ampliándola fácilmente hasta diciembre, que alivia engañosamente, pues genera una nueva deuda acumulada; ley de cumplimiento de derechos humanos, implicando que la Constitución Política y muchas normas concordantes no alcanzarían para precautelar las garantías; la inviabilidad definitiva, más bien demandada al Tribunal Constitucional, referida a la simple ratificación para los ascensos de las FFAA y el olvido intencionado para no aprobar la ley del 10% para la salud, entre muchas, tienen mal-intenciones superiores que no se las percibe como los bloqueos viales y violentos.

Claramente son medidas que tienen altos componentes populistas de conveniencia de grupo, que embaucan con un envase social, disfrazando las verdaderas connotaciones, que acumularán problemáticas de administración muy dificultosas y complicarán más adelante al gobierno que emergerá de las urnas. Por tanto nos estamos refiriendo al peor de los bloqueos, maquinado desde los escritorios del Legislativo, con instructivos desde Buenos Aires, que no engañarán la conciencia y raciocinio colectivo, pese a la admisión y recepción de los beneficios.

Por tanto, resulta adecuado visualizar que la seguridad pública, como paraguas de la administración gubernamental, debe ser entendida en ese amplio espectro, cuando toque conocer las consecuencias cuantitativas y cualitativas de un proceso largo y que producto de la alternancia del poder ofrezca la posibilidad de una evaluación nueva, que también debe ser en función de país y no oblicua. Así, estas medidas de emergencia, primero bloqueadas y modificadas sin responsabilidad en prospectiva, también deben ser adecuadamente asumidas e informadas al ciudadano, sin apasionamientos, ni poniéndolas de banderas justificativas, sino planteando soluciones de consenso, que prevengan la disconformidad generalizada. Y que eviten las consecuencias de hecho que afecten el orden público, permitiendo ingresar en una estabilidad social, que no bloqueen las exportaciones, el comercio interno, la función pública y la convivencia ciudadana en general.

El autor es licenciado en Administración Superior en Seguridad Pública.