Elviz Núñez Fernández
Por primera vez las familias bolivianas están enfrentando un proceso de alerta sanitaria y sobre todo una mayor carga de información que surge mediante las redes sociales. En ese entendido, muchas familias tuvieron que atender a alguno de sus integrantes con Covid-19, porque los centros de salud quedaron totalmente saturados, situación aprovechada por gente inescrupulosa.
Lastimosamente, entidades responsables de brindar atención, como el Servicio Departamental de Salud (Sedes) en cada uno de los nueve departamentos, fueron rebasadas por la cantidad de casos y la falta de coordinación con otros centros de salud, no solo a nivel de ciudad, sino regional. Por ello cuando la gente acude a estos centros no puede ser atendida, menos internada.
Este factor y sobre todo conocer que todos los centros de salud ahora solo dan atención a pacientes por Covid-19, ha generado que personas de escasos recursos elijan quedarse en casa, ser atendidas por familiares y buscar la colaboración médica de algún amigo o conocido. Pero en el proceso de búsqueda de ayuda los afectados pueden ser víctimas de estafas que agraven los riesgos para la salud.
A la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en los últimos meses llegaron denuncias de estafas, de familiares que han recibido pruebas rápidas inadecuadas, medicamentos adulterados o vencidos, ofertas de vendedores de plasmas, además de una supuesta orientación médica de personas no profesionales dedicadas a obtener beneficios económicos en perjuicio de las víctimas de estos ilícitos.
Facebook y WhatsApp fueron las redes sociales más usadas por personas inescrupulosas, aprovechando publicaciones hechas por los familiares de infectados por Covid-19, quienes pedían plasma, medicamentos o solidaridad, que fueron contactados por estafadores.
En cuanto a pruebas rápidas, algunas personas, incluidos efectivos policiales, pagaron a empresas que ofrecían los kits de prueba. En un caso, una suboficial se hizo tres pruebas rápidas de Covid-19, las cuales salían negativo, pero dos días después ella tuvo problemas de salud. Tuvo que solicitar un análisis de sangre para la prueba PCR en un centro de salud público, donde salió positivo y la familia de la uniformada tuvo que rogar para que fuera internada en el hospital del Norte de la ciudad de El Alto. Como ella otras personas pasaron por el mismo procedimiento y solo al final, cuando la vida estaba en riesgo, tuvieron que recurrir a la internación y agudizar el riesgo de salud en la familia.
También hubo denuncias sobre que mediante WhatsApp personas inescrupulosas ofrecen kits de medicamentos, aprovechando que varios de estos fármacos no solo son imposibles de hallar en farmacias, sino que subieron de precio en 200 o 300%. Pero el riesgo es mayor, porque estos productos médicos no tienen registro, son internados por contrabando y es posible de que los mismos sean adulterados, lo que puso en riesgo la vida de enfermos por el Covid-19.
En esos casos, los familiares afectados no pudieron recobrar el dinero pagado por estos productos riesgosos para la salud, nadie se hace responsable de los perjuicios. Y ahora deben gastar más para la internación del familiar, en la búsqueda de oxígeno, plasma, entre otros medicamentos regentados por el centro de salud. Lamentablemente, tal necesidad es aprovechada por inescrupulosos en el mercado negro de la salud.
Por ello, instituciones como Seres, Colegio Médico, Colegio de Enfermeras y otros debieran tener mayor amplitud en la relación y comunicación con la sociedad civil, haciendo uso de las TICs y las propias redes sociales, para orientar a las familias que por desesperación suelen ser víctimas de estafas que generan riesgo para las vidas de víctimas de Covid-19 o aumentan las posibilidades de contagio al seguir trabajando, pensando que son negativos a la pandemia.
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