La viabilidad de devolución de aportes laborales AFPs

Uno de los temas álgidos de tipo económico que atraviesa el gobierno transitorio de la presidente Jeanine Áñez es la exigencia de una cantidad considerable de personas, a la cabeza del senador Rodríguez, quienes solicitan la devolución de aportes que durante su vida laboral efectuaron en las AFPs, con la finalidad de asegurar su renta de vejez y ante la mala administración de estos recursos por el Estado.

Originalmente la demanda de devolución de aportes se inicia ante autoridades del Órgano Ejecutivo, luego acuden ante las instancias del Órgano Legislativo; sin conseguir respuesta favorable o por lo menos la voluntad de una posible forma de solución; ante este hecho, la exigencia de devolución que originalmente era del 10% en la actualidad es del 100%, la totalidad de los aportes que tienen los trabajadores. La razón es que muchos de los aportantes no podrán jubilarse, otro motivo de la exigencia es que el capital de los asegurados está siendo mal administrado por las AFPs, pues día a día pierde su poder adquisitivo y a futuro no cumplirán con los principios de la seguridad social que prevé la Constitución Política del Estado.

El Art. 45 de la norma constitucional, en los parágrafos pertinentes señala: “I. Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social; II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponden al Estado, con control y participación social; IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”. Los principios que refiere son claras, la eficacia, la administración estatal y el carácter solidario de la jubilación; en la actualidad, la administración de estos recursos laborales está al margen de los principios constitucionales, motivo suficiente para desconfiar y se pierda el capital.

Los datos aproximados que son conocidos, reflejan que el total de recursos que administran las AFPs son aproximadamente 19.500 millones de dólares de un total de 2,3 millones de asegurados. Los dineros referidos se encuentran invertidos, el 60% en el sector financiero nacional (en depósitos a plazo fijo), otra parte que alcanza al 25% en bonos del Estado y el resto, del 15%, se encuentra invertido fuera del país y en acciones de empresas nacionales, obviamente cumpliendo con la normativa. Sin embargo, la rentabilidad de estas inversiones no refleja una buena administración por parte de las AFPs, no se demuestra buena inversión, peor una buena rentabilidad.

El gobierno pareciera que no tiene voluntad para solucionar el tema, me refiero a una propuesta que satisfaga a los interesados; por el contrario, existe un desentendimiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, seguramente la intención es perjudicar y cansar al trabajador solicitante o falta de capacidad del gobierno para solucionar el tema. Por cuanto la instancia ejecutiva argumenta la improcedencia señalando que la devolución de este capital pondría en peligro el sistema de jubilación, así como desestabilizar la economía del Estado, desconociendo que se discute de un dinero que emerge del ahorro individual de propiedad de los trabajadores.

La posible iliquidez de las Administradoras de Fondos de Pensiones para la devolución de aportes debe ser resuelto por el gobierno; de inicio, seguramente se argumentara que la devolución de la totalidad de aportes no es posible por las inversiones; pero existe un porcentaje de recursos en poder del Estado, el 25% del capital total (invertidos en bonos del estado), este capital debe ser devuelto en forma proporcional a los asegurados que de alguna forma tendrá aceptación en los ex trabajadores; posteriormente se deberá negociar la modificación normativa y el Estado buscar fuentes de financiamiento para cumplir con una devolución total de aportes.

El autor es magister en Derecho Administrativo.

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