- Siguenos:
Después de masacre del oxígeno y violencia
VISOR BOLIVIA
Dos proyectos de ley de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentran en tratamiento en la Cámara Baja, para blindar de cualquier proceso a los dirigentes sociales aliados a ese partido, que protagonizaron los bloqueos carreteros de agosto, con serios perjuicios a la salud de la ciudadanía.
El proyecto de Ley Excepcional de Impedimento de Persecución Penal fue presentado por el diputado masista Víctor Borda, mientras el proyecto de Ley Extraordinaria para la Protección y no Criminalización de la Protesta Social es una iniciativa de la jefa de bancada Betty Yañiquez.
El proyecto de Borda tiene por objeto “impedir el inicio, la sustanciación, procesamiento y persecución penal, de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Centrales Obreras Departamentales, Pacto de Unidad, Bartolina Sisa, Federación de Trabajadores Campesinos, Federación de Interculturales, entes o instituciones afiliadas a estas organizaciones laborales y sociales, y cualquier persona natural que de manera pacífica hubiera intervenido en las movilizaciones y bloqueos de caminos en agosto de 2020 con la finalidad de garantizar la tranquilidad y concordia social en nuestro país”.
En ese marco, la norma propone que la Policía, el Ministerio Público y el Órgano Judicial están impedidos de realizar cualquier acción penal o deben rechazar cualquier denuncia en contra de los dirigentes que protagonizaron esas marchas “pacíficas”, excepto en delitos que sean “imprescriptibles”.
Por su lado, el proyecto de Yañiquez, que ingresó primero a la Cámara Baja, señala que se deben respetar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los “líderes sociales y dirigentes sindicales” que encabezaron los bloques de agosto.
El documento coincide en que ni la Policía, Fiscalía o cualquier Órgano del Estado podrán “iniciar, proseguir o conocer procesos penales ni civiles” contra esos dirigentes aglutinados en la COB y el Pacto de Unidad, que durante 14 años fueron el brazo corporativo del MAS y Evo Morales.
Sobre las personas que ya se encuentran procesadas, la diputada masista propone que “en el plazo de 24 horas de promulgada esta ley”, la Fiscalía deberá pedir al Órgano Judicial la libertad pura y simple de todos los implicados.
Ambas normas aseguran que el carácter excepcional propuesto puede ser de aplicación retroactiva, y se señala el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que no establece esa característica para este tipo de hechos.
El Gobierno ha calificado estos proyectos como leyes de impunidad y leyes “de la muerte”, pues el MAS solo busca dejar a los dirigentes de la COB, el Pacto de Unidad y los llamados movimientos “autoconvocados”
blindados ante los procesos por atentado a la salud pública, daños a bienes del Estado e incluso sedición.
“Existen responsables identificados y lo que hay que hacer es sancionarlos por poner en riesgo la vida de la población”, decía hace diez días el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez.
Sectores de Oruro, La Paz y Santa Cruz ya activaron querellas contra Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, Juan Carlos Huarachi y Orlando Gutiérrez, entre otros, por delitos penales y civiles ante la Fiscalía de cada distrito.
El SIRMES de La Paz prepara una denuncia por asesinato contra los dirigentes sociales y la cúpula del MAS, al reportar unos 30 muertos en hospitales por la falta de oxígeno medicinal que fue bloqueado por esos grupos que exigían elecciones generales para el 6 de septiembre.
(Visor Bolivia)
