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Santa Cruz
La Acción Popular interpuesta por la nación Guaraní en contra del uso de semillas genéticamente modificadas, levantó a todo el sector agroindustrial del oriente para defender la implementación de transgénicos con el argumento de asegurar la alimentación y la competitividad, mientras los defensores de la naturaleza exigen el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) que prohíbe el ingreso de éstos al país.
La Asociación de Transporte Pesado Internacional de Santa Cruz (Asociatrin), brinda su total apoyo, a la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo), quienes se encuentran en un estado de emergencia, porque algunas personas se atribuyen una representación ciudadana sin tenerla, pretenden bloquear el acceso a la tecnología moderna de parte de los agricultores del Departamento de Santa Cruz, señala un comunicado.
Argumentan que la implementación permitirá que pueda tener similares características de competencia con productores de países vecinos que exportan a Bolivia productos con biotecnología incluso más avanzada.
La interposición de una Acción Popular pretende impedir el acceso de nuevos eventos en los cultivos de maíz, algodón, trigo, caña de azúcar y soya genéticamente modificados (transgénicos) a los productores, eliminar el uso de la biotecnología en todo el país, comenzando por Santa Cruz.
Mientras tanto, la Plataforma Agroecológica del Trópico, Subtrópico y Chaco, conformada por productores, recolectores, apicultores, transformadores, consumidores, científicos y activistas, rechazan los argumentos del sector del agronegocio que pretende utilizar argumentos falsos contra quienes se oponen a los transgénicos, y pretende descalificar la Acción Popular que tendrá su Audiencia el próximo viernes 4 de septiembre.
Afirmar que el citado recurso constitucional, ha sido interpuesto por “activistas”, es una vil mentira porque se pretende ocultar que es el pueblo guaraní de Chuquisaca y de Santa Cruz, la Nación Guaraní, uno de los accionantes principales, señalan los sectores.
A ellos se suman consumidores, productores, académicos, científicos y activistas, es decir, la sociedad civil en su conjunto.
“Nosotros defendemos el cumplimiento de la Constitución y las leyes, que prohíben de manera expresa el uso de transgénicos en Bolivia; y es el marco legal que nos permite ejercer nuestro derecho al acceso a un ambiente sano, y libre de venenos químicos y transgénicos”, sostienen.
La Plataforma exige el cumplimiento de los Convenios Internacionales como el Protocolo de Cartagena y exigimos al gobierno que no es posible aceptar procedimientos simplificados y es eso lo que se exige en la Acción Popular. ¿O seguiremos violando la CPE y las leyes como acostumbraba hacer el gobierno del MAS?
El agronegocio ostenta tener argumentos científicos, y no reconoce que la ONU, la FAO y el mundo científico independiente, no mercantilizado, coincide a nivel mundial que es precisamente el modelo del agronegocio, del monocultivo, del uso de transgénicos y agrotóxicos el causante y responsable principal de la Pandemia del Covid 19, que está cobrando vidas humanas en el mundo y en el país y, prácticamente, ha paralizado la economía boliviana, afirman.
“Que más evidencias científicas se precisan cuando en los Estados Unidos y en Europa se ventilan decenas de miles de juicios contra Monsanto – Bayer. En los tribunales estadounidenses se ha demostrado con creces que el herbicida Glifosato, asociado al transgénico que quieren aprobar en Bolivia, es causante de cáncer y otras enfermedades asociadas”, sostienen.
