En la mayoría de los gobiernos que inician su gestión se presenta el fenómeno de ocultar lo que creen que merece “previa investigación y, luego, en tiempo prudencial, dar a conocer resultados”; pero lo cierto es que rara vez se producen las informaciones pertinentes , sea por “descuido de funcionarios” o “ por no convenir aún a las investigaciones”. Son formas por demás injustificadas de ocultar lo que no se debe o, de entrada, muestran aristas o situaciones perjudiciales a no se sabe quién o a quiénes. Son aceptables las reservas cuando se trata de “cuestiones de Estado”, especialmente en situaciones delicadas; pero ello no puede ni debe ser aplicado a todo. Este es el caso de las AFPs, de cuyo funcionamiento se sabe muy poco, pero de sus resultados nada, de su situación de pasivos y activos nadie está enterado, de su situación económico-financiera absolutamente nada se conoce, en síntesis, se mantienen sigilos que muchas veces dan lugar a susceptibilidades.
Durante el anterior gobierno han circulado rumores en sentido de que el régimen habría dispuesto de los medios financieros de las AFPs para atención de sus “compromisos partidarios” y gastos de los viajes presidenciales siempre acompañado de frondosas comitivas; pero, aparte de comentarios maliciosos, nada se supo oficialmente. Por supuesto, el Ministerio de Hacienda que debería estar al tanto de los negocios del gobierno, algo tendría que decir y siempre mantuvo silencios dignos de un confesionario. El régimen de la Sra. Jeanine Áñez, a tantos meses de su gestión, algo debe saber y tampoco emite algún comentario ni siquiera porque se atraviesa por una grave crisis económico-financiera. Ante los interrogantes que surgen en la colectividad, afloran nítidamente los siguientes: ¿por qué tanta cautela en todo lo referido a las AFPs? ¿Qué habrá pasado realmente durante el gobierno masista? Tal vez el gobierno “teme destapar una especie de caja de Pandora y descubrir secretos arcanos”.
La situación se presta, pues, a todo tipo de comentarios y suposiciones, por lo que el gobierno, por propia responsabilidad y seriedad que debe imprimir a sus actos, debe informar clara y minuciosamente sobre la realidad de las AFPs y éstas, a su vez, emitir los informes que correspondan porque, que se sepa, no hay ley alguna que les prohíba informar sobre sus gestiones y trabajo que, se entiende, es en pro del bien público. Corresponden, pues, las más amplias informaciones sobre una cuestión que en todo caso debe merecer tratamientos de mucha seriedad y responsabilidad y las informaciones oportunas son parte indivisible de las relaciones del gobierno con el pueblo.
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