Guantes, barbijos y EPP como dotación de uniforme

Diferentes instituciones que en tiempos de la pandemia estuvieron ocupando las primeras líneas de prevención, control, atención y curación a la población, en especial a las víctimas del Covid-19, enfrentan riesgos diariamente. En esta etapa varios funcionarios públicos, como efectivos policiales, militares, trabajadores en salud, enfermeras, médicos, entre otros, fuera de portar sus respectivos uniformes, debieron invertir sus propios recursos para adquirir guantes, gafas, barbijos y equipos de protección personalizada (EPP) para estar protegidos.

Si bien la población también debía portar estos implementos de bioseguridad, muchos solo utilizan barbijos artesanales, en algunas circunstancias por desconocimiento, pero sobre todo por el costo económico que representa, por ejemplo, para una familia de cinco integrantes, que vio afectados sus ingresos de hasta de Bs 20 por día. Aspecto que en algunos casos los puso en riesgo, pero también como transmisores del virus.

Pero como establece la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), de todos los implementos mencionados anteriormente, los guantes y barbijos deben ser cambiados diariamente, por lo que los funcionarios policiales que trabajan cada 24 horas, al igual que el personal de salud, deben cambiar estos implementos dos o tres veces al día, por lo que requieren tener más de cinco barbijos y en lo posible no de tela, sino como establece la instancia de salud.

Eso implica un gasto de aproximadamente Bs 360, sin contar que guantes y barbijos son desechables, representando un costo de Bs 160 para cada semana, siempre y cuando encuentre barbijos a Bs 30 y guantes en Bs 2. Esta inversión en salud preventiva para evitar el Covid-19 incluso permite reducir el grado de afectación, ya que las personas se ponen en constante riesgo al ponerse en contacto, además que son realizadas protestas sociales sin protección, o cuando hay aglomeraciones.

En seis meses la Policía Boliviana registró el fallecimiento de 50 policías, 185 contagiados y 585 sospechosos, cantidad que se pudo haber reducido si desde un principio se proporcionaba no solo implementos de bioseguridad, sino hacer un seguimiento de prevención para que cada funcionario policial cumpla con el uso de todos los implementos mencionados.

Al mismo tiempo es importante que instancias de salud realicen talleres referidos a los protocolos de desinfección que los funcionarios policiales deben aplicar tanto en sus oficinas como en sus viviendas, además de conocer los procedimientos de seguridad al cambiarse de ropa y hacer la higiene correspondiente con dichos implementos. Y es que ante el menor descuido, el virus logra ingresar al organismo, sea por ojos, nariz o boca, debido a la consistencia húmeda de esos sentidos. El virus es detectado 14 días después, cuando las personas afectadas, como presintomáticas, asintomáticas o sintomáticas, presenten síntomas y dolencias en alguno de sus órganos vitales y deban requerir internación, plasma o terapia intensiva, procedimientos que incrementan mucho más los costos económicos que difícilmente pueden ser cubiertos por las familias. Por esa razón invertir en prevención es mucho más accesible, incluso para las propias instituciones públicas.

Si bien esta descripción es de un sector, los costos para personal de otras instituciones son similares, razón por la que se plantea que estos implementos de bioseguridad sean contemplados como inversión en salud preventiva, por parte de los gobiernos municipales, departamentales y del propio Estado. Se trata de precautelar los riesgos en salud del personal público y a la vez reducir la cantidad de personas que deban llegar a los centros de salud que ya están colapsados por la cantidad de afectados por la Covid-19.