El gobierno de transición al iniciar sus labores hace ocho meses se señaló como objetivos, para su paso eventual por el poder, llamar a elecciones y atender los asuntos de urgencia que heredó el país, ante la caída del gobierno de Evo Morales. Pero, de inmediato se enfrentó con problemas inesperados y, entre otros, se vio obligado a aceptar formar un cogobierno con el partido derrocado por la insurrección, popular, grandes dificultades económicas y la pandemia del Covid-19.
Las circunstancias le obligaron a postergar las elecciones y mientras se realicen enfrentar problemas de gran magnitud originados durante el régimen de Evo Morales, en particular el económico, cuyo deterioro es incontenible, tanto por causas internas como externas. En ese sentido, la presidenta Jeanine Áñez señaló como línea general la rehabilitación de la economía y encomendó a sus ministros dedicar todos sus esfuerzos a la industria y la agricultura.
Al mismo tiempo que se lanzaba esa orden, la presidenta expresó “Estoy abocada a atender las necesidades de la población; estoy para hablar de salud y economía…” y agregó, enseguida: “La política la voy a dejar para después, la campaña la voy a dejar”, promesa que se ha venido cumpliendo hasta el presente.
Sin embargo, las decisiones se han quedado en palabras y, si bien, algunos ministerios, como los de Economía y Agricultura han ofrecido algunas soluciones concretas, esas no son tan adecuadas como se podía esperar en el presente estado de emergencia por el que atraviesa la población.
Por ejemplo, se anunció medidas para atender la industria y la agricultura, pero solo se hizo referencia a la región oriental y no así a la occidental, que fue la mayor víctima del abandono del gobierno expulsado. En efecto, las ayudas están dirigidas a pequeños grupos poderosos que crecen día a día y no a mayoritarios que están en proceso de pauperización y que si se los reactiva podrían sacar al país del grave nivel de postración en que se encuentra.
Basta poner un ejemplo. En la región andina del país, se abandonó en últimos decenios ¡más de 500 mil hectáreas! de tierras cultivables de primera calidad y sus propietarios indígenas han migrado al oriente, las ciudades y el exterior, dejando de producir alimentos que antes inclusive servían para exportación. Sobre ese problema específico, entre otros muchos, los ministerios encargados de enfrentar ese magno problema no han dicho ni una palabra, lo que significaría que nada o casi nada se ha avanzado en la pregonada activación de la economía. En fin, mientras unos están en la noria, otros en el alfalfar.
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