Diputado Amilcar Barral
Se debe respetar la CPE ante todo, pues ninguna ley u otra normativa están por encima de la Carta Magna. En esta, se establece claramente el tiempo de residencia permanente que debe tener una persona para optar a una candidatura en el Poder Legislativo, según el diputado.
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer respetar sus determinaciones como Poder del Estado independiente; a tiempo de sostener que varios sectores aliados al Movimiento al Socialismo (MAS) se toman atribuciones que no les competen y esta instancia permite estas situaciones mediante un silencio que lleva a pensar que existe complicidad.
El parlamentario señaló que lo que debe respetarse es la Constitución Política del Estado ante todo, pues ninguna ley u otra normativa están por encima de la Carta Magna. En esta, se establece claramente el tiempo de residencia permanente que debe tener una persona para optar por una candidatura en el Poder Legislativo.
Barral lamentó que el respeto a las normas y sobre todo a la Constitución, siempre ha sido un tema con el que el partido azul ha jugado a lo largo de sus 14 años en el poder, manipulando las normas a su conveniencia o desconociéndolas de ser necesario.
“El MAS siempre ha estado acostumbrado a hacer lo que quieren con el tema de la Constitución y esa situación es lamentable”, refirió el legislador.
Añadió que las determinaciones del Órgano Electoral son de carácter inapelable, por lo que esta instancia debería hacer que se respeten sus resoluciones y no permitir que ninguna otra institución u organización social se tomen atribuciones que no les competen en materia electoral.
Para el legislador, estas inacciones se podrían constituir en una especie de complicidad entre el TSE y los sectores que intentan habilitar la candidatura de Morales por la vía judicial.
Por su parte, parlamentarios del Movimiento al Socialismo intentan justificar las acciones presentadas ante el Órgano Judicial, señalando que el TSE tiene como competencia la organización y administración de los procesos electorales, en cambio es la instancia jurisdiccional la encargada de resolver aspectos de garantías y derechos humanos.