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[Rolando Kempff]

La diplomacia debe ayudar a reactivar la economía


La diplomacia económica es uno de los principales instrumentos que tiene el gobierno en su política exterior para asegurar la reactivación económica, junto al financiamiento externo, las donaciones y la cooperación internacional.

Como se señala en el portal del Observatorio de Multinacionales en América Latina, la diplomacia económica es el conjunto de acciones de presión e intermediación que lleva a cabo un Estado en el exterior, por intermedio de sus instituciones, para precautelar los intereses de las empresas con sede en dicho Estado. Para ello debe desplegar su equipo diplomático y las más altas autoridades y representaciones del poder público.

La diplomacia de gobierno y la diplomacia económica promueven la apertura de mercados con un trato preferencial en aranceles, zonas de Libre Comercio y Mercado Común.

Desde finales del Siglo XX, los gobiernos desarrollan una mayor intervención diplomática para apoyar a sus empresas nacionales en el exterior, buscando abrir nuevos mercados, negociando tratamiento preferencial para los productos de exportación de las empresas de su país, o pretendiendo obtener contratos, licitaciones y condiciones favorables para sus inversiones.

De esta forma, con un adecuado y eficiente trabajo de la Cancillería y todas las instancias gubernamentales involucradas, el país podrá incrementar sus exportaciones y al mismo tiempo ser atractivo para las inversiones. Sabemos que un mercado asegurado es la mejor carta de presentación para captar el ahorro externo.

Además, un eficiente trabajo de la Cancillería nacional tendría resultados alentadores en la promoción de la Economía 4.0, de desarrollo del talento, y la Economía Naranja, pues promovería por todo el mundo nuestra cultura y los maravillosos lugares para visitar, así como la digitalización de las empresas con más de 10 mil plataformas con Google que están en el marco de la cooperación económica con la OEA, la Cancillería y la Cámara Nacional de Comercio.

Nuestra futura Cancillería deberá velar -por citar solo algunas de sus específicas funciones- por mejorar las relaciones bilaterales con todos los países de interés mutuo, promover la cooperación internacional, fortalecer nuestra presencia en los procesos de integración en los que participamos, como la CAN, Mercosur, y buscar la incorporación de la Comunidad Económica Europea con más de 800 millones de consumidores.

En este Siglo XXI, la defensa de los intereses económicos de las empresas en los mercados internacionales mediante el uso de la influencia política es parte de la política exterior de los Estados.

Reconocemos las limitaciones de nuestro mercado interno, que por sí solo no tiene la capacidad para asegurar el desarrollo nacional. Esta realidad nos conduce a buscar la demanda externa como el factor que permita superar esta limitación.

El Gobierno, junto al sector privado nacional con la diplomacia empresarial, debe trabajar conjuntamente para evitar que se vuelvan a registrar casos de dramáticas reducciones de nuestras exportaciones, convirtiendo anteriores superávits comerciales en déficit. Este es el caso de nuestras relaciones comerciales con Brasil, que el 2016 fue deficitaria para el país en 128 millones de dólares pese a incluir la venta de gas natural.

Conviene poner de relieve que es la demanda externa el factor que coadyuva en el crecimiento de la economía de varios países, y Bolivia debe seguir esta tendencia con una estrecha colaboración entre las oficinas gubernamentales que trabajan en el sector del comercio internacional y las Agencias de Comercio Exterior de Bolivia, creadas recientemente.

Todo este trabajo de la diplomacia económica debe estar orientado al objetivo de buscar la internacionalización de las empresas bolivianas, que ahora solo operan en el ámbito nacional.

El país ya está dando los pasos adecuados para corregir los errores del anterior gobierno. En palabras de la canciller Karen Longaric, se están tomando decisiones definidas para rectificar “la política exterior extraviada” del expresidente Morales que “no atendía los intereses del Estado y era altamente ideologizada”.

En julio de 2015 el Estado Plurinacional de Bolivia firmó en Brasilia el Protocolo de adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur), proceso de integración que empezó en 1988 como un acuerdo bilateral entre Brasil y Argentina para eliminar barreras arancelarias y fiscales, y en 1990 se transformó en un mercado común entre ambos países, al que se sumaron luego Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Los países miembros integran un mercado de aproximadamente 300 millones de consumidores y un PIB de más de 750.000 millones de dólares. El Mercosur es uno de los mayores productores de alimentos del mundo.

Como dije en anteriores comentarios, nuestra región dio los primeros pasos integracionistas en 1810, cuando Simón Bolívar convocó a una Confederación y se planteó “un consenso latinoamericano a celebrarse en Panamá, con el objeto de crear una Liga y Confederación Perpetua entre las Repúblicas Sudamericanas” y así plasmar la Gran Patria.

Nuestra política exterior debe coadyuvar en que la región tome conciencia de la urgencia de hacer realidad la integración expansiva de forma bilateral y multilateral como el de la Cuenca del Plata, el Mercado Común del Sur (Mercosur); Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata (Fonplata); Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); la Comunidad Andina de Naciones (CAN); Uruguay, Paraguay y Bolivia (Urupabol) e instancias como el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).

Solo juntos tendremos la posibilidad de tener presencia y gravitar en el mercado internacional, tanto para defender nuestra producción como para negociar precios más favorables para nuestras compras y exportaciones.

El autor es Economista, con doctorado en la Universidad de Salvador de Argentina, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Presidente de Fundempresa, Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.

 
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