Vocal dirimidor debe respetar la Constitución

En medio de una generalizada de instituciones y la población, ante la ola de denuncias y anuncios de más procesos en contra de Evo Morales por delitos que van desde crímenes de lesa humanidad, fraude electoral, estupro y violación, la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz hoy determina si el exmandatario puede ser habilitado como candidato a senador por Cochabamba.

El Comité de Defensa de la Democracia (Conade) demandó ayer al vocal dirimidor, Alfredo Jaimes, respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y el Estado de Derecho en el país, al momento de definir si el expresidente Evo Morales es inhabilitado o no a participar en las elecciones nacionales del 18 de octubre.

Le recordó al juez que el artículo 149 de la CPE establece como requisito imprescindible, para ser candidato, residir de forma permanente en el país, al menos dos años antes de la elección. Además le advierte que la condición de refugiado político de Morales, en la Argentina, lo inhabilita a realizar cualquier acción política.

Por otro lado, el abogado constitucionalista Williams Bascopé señaló que lo que se espera de esta audiencia es que se respete la Constitución y se proceda con la inhabilitación definitiva a la candidatura de Morales.

“El único que habilita a ser candidato, por mandato de la constitución, es el Tribunal Supremo Electoral. Lo que puede ser constitucional es ordenar que se analice nuevamente el caso y se emita una nueva resolución. No pueden obligar a habilitarlo”, manifestó.

Más allá la resolución del amparo que definirá la candidatura de Evo Morales, el expresidente debe enfrentar procesos por delitos cometidos antes, durante y después de su salida del país, entre ellos se encuentran las recientes denuncias por estupro, trata y tráfico y presentadas por el Ministerio de Justicia, las denuncias por crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional que a la fecha ya suman dos, la denuncia por fraude electoral presentada por la alianza Comunidad Ciudadana, los procesos por sedición y terrorismo después de descubierto el fraude electoral, cuando se ordenó el cerco a las principales ciudades del país, entre otros.