Gobierno constitucional de gobernantes ilegítimas

Que Jeanine Áñez es Presidenta constitucional de Bolivia, es indiscutible. A la legalidad de sus funciones, no solo de ella sino de Eva Copa, Presidenta del Senado, les ha seguido su legitimidad jurídica que no se refleja fielmente en su legitimidad política, porque ninguna de esas dos autoridades ha emergido de la voluntad popular y más bien por una correcta interpretación constitucional, que no impidió que se produjese una ruptura del contrato social tácito entre gobernantes y gobernados, porque es en éstos últimos en quienes descansa la legitimidad. Por tanto, en un análisis despojado de cualquier fanatismo legista o interpretación leguleya, se infiere que esa falta de ilegitimidad de las dos primeras autoridades del país deviene en la pérdida de confianza, centro nodal de su también ilegitimidad moral.

De hecho, en el caso de Áñez, no obstante que sus atribuciones constitucionales no son ni restringidas ni distintas respecto a las de cualquier otro dignatario de su investidura emanada del voto, el mandato fáctico de la ciudadanía fue el de convocar a elecciones, que no se produjeron hasta ahora por los motivos que todos conocemos, pero ello no obsta que a estas alturas, gran parte de su gestión es mero cálculo electoral por lo que carece siquiera de una brizna de aprobación. El ejercicio deshonesto, en el caso de Áñez que se fusiona con una candidatura no menos cuestionable, se agrava por su militancia en una organización política cuya representatividad es ínfima; percepción que no es arbitraria y, más bien, obedece al último referente expresado en las fallidas elecciones del pasado año, en que Oscar Ortiz, político de mayor proyección y peso específico, alcanzó un magro 4% final.

El juicio de su probada ilegitimidad, que no es caustico, pero que tampoco puede ser benevolente con Eva Copa, es aún más contundente, al arrogarse -ella- la representación de un electorado que hoy no condice con la composición y especialmente con la bancada aplastante que su partido tiene actualmente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Simplemente porque su aceptación en los últimos quince años nunca fue tan modesta como ahora. Por tanto, sus decisiones empeoradas por un franco desconocimiento a la CPE son mayoritariamente desmesuradas, pues la propia carta magna que no prevé con precisión una coyuntura como la que se ha dado, es confusa respecto a las atribuciones que la Presidenta de la Cámara alta tiene, por lo que ante la duda razonable, se debe aplicar el principio del derecho de ampliar lo favorable y restringir lo odioso. Sancionar y promulgar leyes abiertamente contrarias al orden constitucional es odioso y más odioso si se ha perdido toda legitimidad. Y ya se torna innombrable proyectar leyes para la impunidad de delitos de lesa humanidad cometidos por sus militantes.

Qué tristeza que el país se halle sumido en una pesadumbre provocada por dos mujeres que pudieron haber pasado a la historia por ser puente entre el autoritarismo y la democracia plena. Qué desperdicio que la oportunidad de una épica lucha del pueblo joven de Bolivia, hayan dejado pasar para ser continuadoras de las mañas que por catorce años hemos condenado.

Jeanine Áñez no solo ha deshonrado su palabra, sino que cuando faltan pocas semanas para las elecciones, está perdiendo la compostura que debe ser rasgo de toda primera autoridad, enlodando su gestión con un desesperado proselitismo electoral al que tiene derecho, siempre y cuando no lo haga, como viene sucediendo con el uso de bienes del Estado, entregando obras e insumos de propiedad fiscal y en el tiempo que debe atender asuntos de su magistratura, aludiendo sin el menor tino a otros candidatos y acusándolos de esconderse en esta etapa de pandemia. No sabía que las obligaciones y prerrogativas del gobierno en la lucha contra el virus y el bloqueo de carreteras, ahora son extensibles a los candidatos y, por si fuera poco, después de habernos hartado en los últimos seis meses con que no salgamos de casa.

Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.