Informe de Unitas
> La vulneración de libertades fundamentales, violencia estatal y acciones de grupos radicales, además del debilitamiento de la democracia, caracterizaron la gestión 2019 en Bolivia
> El informe da cuenta que hubo 203 vulneraciones a la libertad de expresión, entre los ataques a periodistas, se registraron 131 antes del 20 de octubre y las otras 72 vulneraciones se suscitaron luego de estos comicios
El grado en el que la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica fueron vulneradas en el país y el grado en que se debilitó la institucionalidad democrática muestran que el 2019 el espacio cívico estuvo “obstruido”, “restringido” y “cerrado”, de acuerdo con el Informe de Situación 2019, elaborado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), que enfatiza también que la labor de la prensa fue blanco de las autoridades y grupos de protesta en el país.
El informe presentado este jueves en el primer evento del Ciclo de análisis y reflexión sobre Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en Bolivia: “La imaginación al poder”, sostiene que un total de 203 vulneraciones a la libertad de expresión se han registrado a lo largo de 2019, principalmente entre octubre y noviembre del pasado año.
De las 203 vulneración, 131 se registraron antes del 20 de octubre, fecha en que se realizaron las elecciones nacionales que, luego del escándalo del fraude cometido por el presidente Evo Morales, suscitaron múltiples protestas sociales en diferentes departamentos del país, que obligaron a la renuncia del mandatario y su posterior fuga hacia a México, ahora refugiado en Argentina. Las otras 72 vulneraciones se suscitaron luego de estos comicios.
Por otro lado, señala también que la mayor vulneración a la libertad de expresión fue la estigmatización, concebida como la denigración de la imagen de las víctimas y la erosión de la confianza de la población hacia la prensa, además se refiere a 38 casos de amedrentamiento contra este sector. Son casos que el Estado comete en contra de periodistas para impedir su trabajo o dañar su integridad física o psicológica.
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