La ciudad de Cochabamba se halla sometida a seis bloqueos seguidos en la entrada del botadero hasta el momento, desde el inicio de la pandemia, supuestamente por vecinos de K’ara K’ara. Nadie puede ignorar que estos hechos incrementan la profusión del Corona Virus y de otras infecciones por la acumulación de deshechos en las calles. El motivo es la clausura del botadero instalado hace mucho tiempo. Los interesados están incorporando una serie de demandas, como la de que se les exima de pagos por los servicios, entre ellos el agua, la energía y otros.
No faltó la inclusión de exigencias de índole política como elecciones inmediatas y otras similares. La alcaldía del valle ha venido tramitando la atención de las diferentes demandas, pero en plena pausa negociadora del domingo 30 y antes de las 24 horas K’ara K’ara reinició el bloqueo, demostrando otras intenciones ajenas a sus demandas. Éstas muestran una faz política por su intemperancia. Existen antecedentes lindantes en el terrorismo y la desestabilización.
Po otra parte, los padres de familia de escuelas y colegios fiscales de El Alto pusieron en práctica sus repetidas acciones en desmedro de las leyes y de la racionalidad. Hay que recordar el incendio de la sede de la alcaldía de esa ciudad con el personal municipal dentro, originando la muerte de unos cinco o más funcionarios. Esta vez se sitió la alcaldía y se retuvo como rehenes a la alcaldesa Soledad Chapetón y a sus cercanos colaboradores. Su demanda pretendía la entrega a prorrata, a cada padre de los estudiantes, del presupuesto destinado a dicha asistencia, siendo, como es, que la ley prohíbe las dádivas a particulares.
Este desmán inficionado por los famosos “dirigentes”, supone la idea de una especie de derecho propietario sobre una partida presupuestaria pasible de ser objeto de apropiación de sus saldos por los presuntos beneficiarios, solo por no haber sido invertida en su totalidad por causa de la pandemia y por la supresión del año escolar. Este extremo raya en lo inconcebible del utilitarismo que puedan alentar quienes arrastran a descabelladas actitudes a sectores presionados en mil formas con el único señuelo de adquirir “convocatoria” y promoverse a cargos electivos, conforme a prácticas del anterior régimen a lo largo de catorce años.
Estos recursos pertenecen a cada Gobierno Municipal y previa autorización legal deberían ser destinados preferentemente a obras de mejoramiento escolar fiscal, reparación de pupitres y otros y no distribuirlos como se ha indicado, así sea en efectivo o en comestibles, acrecentando la percepción de bonos y canastas que por su número merman financieramente al Estado y acostumbran mal, asistencias que disputan el Ejecutivo y el Legislativo. Similar exigencia singular ha complicado el tránsito en la zona Sur de La Paz, también por los dirigentes de las famosas Juntas Escolares. Es muy lamentable.
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